De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica el acuerdo de la delegada provincial de esta consellería, por la que se procede a la imposición de multa coercitiva y de un nuevo apercibimiento de imposición de multa coercitiva, recaída en el expediente administrativo sancionador y de restitución y reposición de la legalidad nº 63.6/00, tramitado a Susana Bugarín Gil, en su condición de promotora de las obras consistentes en la construcción de un porche, terraza y cenador y revestimiento de muro, en el lugar de playa de Area da Cruz, término municipal de O Grove, dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, careciendo de la preceptiva autorización de esta comunidad autónoma, y siendo firme la resolución recaída en el referido expediente, sin tener constancia de que se hubiese procedido al cumplimiento del apartado 2º de la parte dispositiva de la resolución, que ordenaba volver los terrenos en

los que se ejecutaron las obras objeto de este expediente a su primitivo estado en el plazo de un mes desde que sea definitiva, acuerdo, en aplicación de dicha resolución, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3º de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, y en los artículos 95, 96 e 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, imponer a Susana Bugarín Gil una multa coercitiva por importe de ochocientos sesenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos (869,41 A) a ingresar en las cuentas habilitadas en Caixa Galicia ou Caixanova, en los siguientes plazos: si se notifica entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o el inmediato hábil siguiente, si se notifica entre los días 16 y el último del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil siguiente. Asimismo se le

concede un plazo de treinta (30) días para proceder a la restitución de las cosas a su primitivo estado, acreditándolo ante esta delegación. En otro caso, a partir del vencimiento del plazo concedido, se procederá a la imposición de otra multa coercitiva por importe de ochocientos sesenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos (869,41 A), multa que será reiterada en tanto que no proceda a la reposición y restitución de la legalidad.

Contra esta resolución se puede interponer, según el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, recurso de alzada ante la conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en la que tenga lugar la notificación al interesado.

Pontevedra, 15 de noviembre de 2005.

María Isabel Domínguez Quintás

Delegada provincial de Pontevedra