El director general de Justicia, Juan José Martín, inauguró hoy la jornada “La responsabilidad medioambiental en España: la experiencia del Prestige”, en la que apostó por la formación especializada del personal judicial, así como por la generación de debates y jornadas de reflexiones para mejorar la Administración de Justicia.

Martín destacó que el hecho de reunir a ponentes de las diversas administraciones y ámbitos implicados es un “fiel reflejo de la necesaria e imprescindible colaboración que debe existir entre todos los responsables para combatir este tipo de delitos”. De hecho, en la inauguración también estuvieron presentes el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, y el rector de la USC, Juan Viaño, como organizadora del evento.

En el que respeta a los delitos medio ambientales, cuyo máximo exponente lo vivimos en Galicia en el año 2002 con la catástrofe del Prestige, Martín aseguró que hay que avanzar y apostar por la prevención y la persecución de estas conductas. Así como por garantizar que se cumpla el artículo 45 de la Constitución Española y quien “dañe el medio ambiente, además de responder penalmente por eso, deba reparar los daños causados”.

En ese sentido, recordó que la Xunta formalizó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación frente a sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en relación con el accidente del Prestige. El recurso mantiene que deben ser declarados responsables civiles de los daños producidos tanto el capitán del barco como la compañía aseguradora y que la naviera armadora sea declarada responsable civil subsidiaria.

El juicio más complejo
El juicio del Prestige fue uno de los más complejos en la historia de la Justicia gallega, tal y como revelan sus cifras: 400 horas, 89 sesiones, 204 declaraciones, 25 cajas de documentación y más de 200.000 folios agrupados en 358 tomos.

Para cubrir las necesidades de este juicio, la Xunta, como Administración instrumental, tuvo que hacer frente a una serie de necesidades materiales imprescindibles para la correcta celebración de las sesiones. Todo esto, remarcó Martín, en un magnífico ejemplo de coordinación entre Poderlo Judicial y el Gobierno gallego.

Las principales actuación consistieron en la digitalización del expediente y en la dotación de un archivo y depósito del procedimiento; así como de las instalaciones necesarias para la celebración del juicio. Sin olvidar la prestación de otros servicios que también resultaron necesarios para la organización y coordinación de su desarrollo, como vigilancia, traductores e intérpretes, equipación tecnológica, etc. El presupuesto de todas las actuaciones superó el millón de euros, más el coste de las complejas pruebas periciales para determinar el daño causado.