La conselleira de Infraestructuras y Movilidad presentó hoy el Proyecto de ley destinado a adaptar la gestión del agua al de cambio climático y coordinar la respuesta de las administraciones ante los episodios de sequía y riesgo sanitario
La Xunta ayudará a los ayuntamientos a reducir las fugas de agua en las redes para conseguir el objetivo de la Ley de garantías del abastecimiento de situarlas por debajo del 20% en 3 años

Ethel Vázquez destaca que se trata de una ley pionera con la que “Galicia va a estar mejor preparada” para afrontar períodos de escasez de precipitaciones

La conselleira destaca que las diputaciones provinciales tienen el deber legal de apoyar a los ayuntamientos en su competencias y recuerda que la Xunta realizó desde 2009 más de 300 obras de abastecimiento en beneficio de 186 municipios

Destaca que la Xunta abordó con la Fegamp un cronograma para combatir las fugas de agua, que consiguen el 40% en algunos ayuntamientos y sitúan Galicia como la 4ª comunidad con más pérdidas

Avanza que el próximo año se crearán ayudas a la instalación de contadores de caudal que permitan identificar las pérdidas

La ley establece el contenido mínimo de los planes de emergencia frente a la sequía que deberán tener obligatoriamente los ayuntamientos de más de 20.0000 habitantes, para el cual la Xunta ya convocó ayudas

 

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2019

La Xunta ayudará a los ayuntamientos gallegos a optimizar la gestión que realizan del abastecimiento de agua a la población y a conseguir el objetivo de situar por debajo del 20% las fugas de las redes. Así lo avanzó hoy la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, durante la presentación en el Parlamento gallego del Proyecto de ley de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y en situación de riesgo sanitario.


La ley nace de la necesidad de adaptar la gestión pública del agua al nuevo contexto de cambio climático y para coordinar la respuesta de las administraciones ante situaciones de sequía o de riesgo sanitario. Con esta norma, aseguró la conselleira, “Galicia va a estar mejor preparada” para afrontar esas eventualidades.
La Ley apuesta, por una parte, por la prevención, procurando una mayor eficiencia y responsabilidad en la gestión y en el uso de las reservas hídricas; y, por otra parte, ordena y delimita con claridad los protocolos de actuación que debe seguir cada administración en caso de sequía o riesgo sanitario, facilitando la máxima agilidad en la adopción de medidas extraordinarias destinadas a garantizar agua a la población.
La conselleira recordó que las competencias en el abastecimiento de agua a la población son de los ayuntamientos, que deben estar apoyados por las diputaciones provinciales, pues estas entidades tienen el deber legal de apoyar a los municipios. Comprometió, en todo caso, la colaboración de la Xunta de Galicia con las administraciones locales en esta materia, una ayuda ya demostrada a través de las más de 300 obras de abastecimiento realizadas en la última década en beneficio de 186 ayuntamientos.
Además, tras convocar las primeras ayudas para que los municipios elaboren sus planes de emergencia frente a la sequía, el próximo año se crearán las destinadas a la instalación de contadores de caudal que permitan identificar las pérdidas. Y la Xunta dará prioridad al apoyo la aquellos municipios que apuesten por la responsabilidad en la gestión del agua y por la planificación de las actuaciones en caso de sequía o riesgo sanitario.

Eficiencia en la gestión y responsabilidad en el consumo
 

En su intervención, Ethel Vázquez detalló que los objetivos concretos de la Ley son: asegurar una prestación idónea de los servicios de abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad idóneas; reducir la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento frente a la sequía; y proteger la salud pública en caso de riesgo sanitario en el abastecimiento.

La conselleira destacó la necesidad de combatir las situaciones de ineficiencia actuales, en que hay redes municipales de abastecimiento que registran pérdidas del agua potabilizada del 40%. Galicia, dijo, “pierde 1 de cada 5 litros de agua que circulan por sus redes y se sitúa como la 4º comunidad autónoma con mayores pérdidas anuales, más de 55.500 millones de litros”, y señaló como aún más preocupante a evolución negativa, pues los datos del INE de 2016 son los peores desde 2004.

Explicó que la Xunta abordó con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) un cronograma para hacer frente a esta situación y que consiste en el establecimiento de un período de 2 años para que los ayuntamientos realicen auditorías de sus redes de abastecimiento e identifiquen las posibles fugas. Dispondrán de un año más para actuar, de forma que se establece, en total, un plazo de 3 años para que los municipios sitúen las fugas de las redes de abastecimiento por debajo del 20%.

Superado ese período, las pérdidas excesivas de agua en las redes tarde-noche objeto de un gravamen disuasorio cuya recaudación será finalista y destinada, en exclusiva, a la renovación de las redes. La conselleira aclaró que la voluntad de la Xunta es conseguir no recaudar ni un solo euro con esa tasa.

Por eso, Ethel Vázquez avanzó que el Gobierno gallego prestará apoyo a las administraciones locales en la lucha contra las pérdidas, habilitando el próximo año las primeras ayudas a los ayuntamientos para la instalación de contadores de caudal, que serán obligatorios tanto en los puntos de captación de agua como en los de suministro final, para disponer de la información necesaria sobre posibles fugas.

En la búsqueda de una mayor eficiencia y responsabilidad en el uso del agua, explicó que la ley también promueve que las tarifas municipales por los servicios de suministro de agua que animen a un uso eficiente y la un consumo responsable, haciendo facturas de fácil comprensión por los usuarios; diferenciando tramos en función del volumen de agua consumido; y sin que puedan establecerse mínimos exentos que desincentiven el consumo responsable del agua.


Planificación

Para conseguir los objetivos fijados, la Ley refuerza la apuesta por la planificación como herramienta tanto para dotar de mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, como para asegurar la respuesta ágil y eficaz en caso de sequía o alerta sanitaria.

Así, el Proyecto de ley concede un plazo de 2 años desde su entrada en vigor para que los ayuntamientos o entidades titulares de los sistemas de abastecimiento con más de 20.000 habitantes elaboren los planes de emergencia frente a la sequía.

Concretó que, en el caso de los ayuntamientos y entes locales, se fija el contenido que, como mínimo, deben tener los planes de emergencia por sequía: una descripción y diagnóstico del sistema de abastecimiento; la identificación de las zonas más vulnerables y de las actividades estratégicas en el ámbito; un sistema de indicadores que permita prever los escenarios de riesgo con anticipación; la previsión de alternativas para el suministro de agua; y las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento durante el episodio de sequía.

Hace falta tener en cuenta que actualmente no existe ningún ayuntamiento en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa que cuente con un plan de emergencia frente a la sequía aprobado por Augas de Galicia, motivo por el que la Xunta convocó recientemente una orden de ayudas para su elaboración, que registraron 80 solicitudes.

En el caso de Augas de Galicia, la Ley recoge el deber de contar con su propio plan de sequía, como todos los organismos de cuenca, e introduce como novedad el deber de este organismo de emitir anualmente un informe de seguimiento y de actualizar ese plan cada seis años.

Agilidad de respuesta frente a la sequía

La Ley busca dejar establecidos los protocolos de actuación en los diferentes escenarios de alerta por sequía o riesgo sanitario y las responsabilidades que corresponden tanto a los ayuntamientos y entidades responsables de los sistemas de abastecimiento como la Administración Hidráulica de Galicia.

En función del escenario de alerta que determinen los indicadores, los ayuntamientos deberán dictar disposiciones dirigidas al ahorro del agua, restringiendo el uso de agua potable para fines secundarios, y ejecutar las actuaciones identificadas cómo necesarias para garantizar el abastecimiento, de acuerdo con lo establecido en su plan de emergencia. Asimismo, podrán reutilizarse las aguas residuales depuradas para usos tales como las fuentes ornamentales, el riego de jardines, baldeos, siempre previa desinfección y con autorización sanitaria.

La conselleira puso el acento en las medidas para facilitar las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua en cantidad o calidad. Así, informó de que las medidas adoptadas en situación de sequía o riesgo sanitario llevarán implícita declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución de las actuaciones necesarias. Además la ejecución de obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en caso de emergencia declarada prevalecerá sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico, que será posteriormente adaptado a la actuación.
 

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Fecha de actualización: 08/10/2019