El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, se reunió hoy con representantes de las principales empresas electrointensivas
Conde subraya la unidad clara y la visión compartida entre la Xunta y la industria electrointensiva para presentar los alegatos al estatuto del Gobierno

En la reunión, el conselleiro tuvo ocasión de evaluar con las empresas el documento, como también hizo ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro con los trabajadores de Alcoa San Cibrao

Afirma que se trata de tener “unas medidas que realmente reflejen las necesidades que en este momento tienen las empresas, más, “en un contexto en el cual el borrador nos pone en una situación peor que la de partida”

Lamenta que el Gobierno esté utilizando la política energética como “un instrumento de discriminación territorial” cuando en este proceso de transición energética la prioridad tiene que ser el empleo y dar respuesta a las necesidades del sector

Critica que el Gobierno no esté mostrando con Galicia la misma sensibilidad que con otras comunidades como Cataluña y País Vasco, al incrementar el número de posibles empresas beneficiarias de 119 a 600

Santiago de Compostela, 18 de febrero de 2020

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, destacó hoy la unidad “clara y la visión compartida” entre la Xunta y la industria electrointensiva a la hora de presentar los alegatos al Estatuto del Gobierno para que se pueda establecer un precio eléctrico competitivo. Así lo manifestó después de mantener un encuentro con representantes de las principales empresas gallegas de este sector.

En la reunión, el conselleiro tuvo ocasión de evaluar con ellas el Estatuto del Gobierno, como también hizo ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro con los trabajadores de Alcoa San Cibrao. La conclusión, según Conde, es que el Gobierno perdió más de un año en un Estatuto que no da respuesta a lo que esta industria precisa y demanda.

“Se trata de tener unas medidas que realmente reflejen las necesidades que en este momento tienen las empresas, más, en un contexto en el cual el borrador nos ponen en una situación peor que la de partida”, fue suficiente. Segundo dijo, el escenario es peor porque “las empresas electrointensivas que más ayudas necesitan reciben menos y, al mismo tiempo, se abre a más de 450 empresas que antes no estaban en el sistema de consumidores electrointensivos para que se puedan beneficiar”.

En este sentido, lamentó que, al incrementar el número de posibles empresas beneficiarias, el Gobierno no esté mostrando con Galicia la misma sensibilidad que con otras comunidades como Cataluña y País Vasco, perjudicando a las industrias gallegas que consumen más electricidad.

El conselleiro censuró que el Gobierno esté utilizando la política energética como “un instrumento de discriminación territorial” cuando en este proceso de transición energética la prioridad tiene que ser el empleo y dar respuesta a las necesidades el sector. “El Gobierno le está diciendo un no a la industria electrointensiva en Galicia y en España”, enfatizó, para señalar que deja de lado medidas que ya se están aplicando en otros países.

Medidas como las que Galicia va a presentar como alegatos y que incidirán en la necesidad de categorizar los consumidores electrointensivos incluyendo la figura del hiperelectrointensivo; en establecer medidas compensatorias en función de la categoría del consumidor y compensaciones por las emisiones de indirectas de dióxido de carbono en los importes máximos previstos en la normativa comunitaria; y, además, en el mantenimiento del servicio de interrumpibilidad.

Frente a esto, criticó que el borrador presentado por el Ejecutivo central no reconoce la figura del consumidor hiperelectrointensivo, ni recoge descuentos en los peajes de transporte, ni la compensación del impuesto de generación y tampoco garantiza la rebaja del precio eléctrico hasta los 35-40 euros por megavatio/hora.

Los alegatos que va a presentar Galicia “con una única voz”, prosiguió, son “previsibles, porque ya se las hemos trasladado al Gobierno; realistas, porque buscan encontrar un precio competitivo; y legales, porque son medidas que ya se están aplicando en otros países de Europa”. “Es cuestión de voluntad política”, dijo, y reiteró que de no ser incluidas en el borrador del Estatuto, “se hace inviable el sector”.

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Fecha de actualización: 18/02/2020