La Xunta ofrece su apoyo al tejido empresarial para defender los intereses de las cerca de 5.000 edificaciones afectadas en Galicia por la modificación de la normativa estatal de costas

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, recuerda que el Ejecutivo gallego fue el primero en alertar hace más de un año de la inseguridad jurídica y de la incertidumbre que supondría la reforma para edificaciones asentadas en el litoral

Defiende la vigencia de la Ley de costas del año 2013 y los criterios que introdujo sobre la duración de las concesiones en la zona de dominio público marítimo-terrestre y exige la retirada del artículo de la nueva Ley de Cambio Climático que regula este aspecto

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, subraya el impacto que tendrían los cambios previstos por el Gobierno sobre el sector vinculado a la cadena mar-industria, con más de un centenar de empresas localizadas en la primera franja litoral

A Coruña, 15 de septiembre de 2020-

La Xunta de Galicia le tendió hoy la mano al tejido empresarial para colaborar y seguir defendiendo los intereses de todas aquellas industrias y sectores asentados en la franja litoral de la comunidad por la intención del Estado de introducir cambios sustanciales en la Ley de costas del año 2013 y que, según las estimaciones del Gobierno gallego, podrían afectar a cerca de 5.000 edificaciones.

A una semana de que finalice el plazo de enmiendas al proyecto de Ley de Cambio Climático que modifica la normativa de costas , la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la del Mar, Rosa Quintana, mantuvieron una reunión con representantes de las Confederaciones de Empresarios de A Coruña, Lugo y Pontevedra para analizar el impacto de la reforma sobre la vigencia de las concesiones en la zona de dominio público marítimo-terrestre.

Al respecto, Vázquez Mejuto recordó que, hace algo más de un año, fue Galicia la primera comunidad en dar la voz de alarma sobre la modificación del reglamento de la Ley de costas que quería aprobar unilateralmente el Gobierno central. En aquel momento, la Xunta alertó de que los cambios previstos afectaban a la duración de las concesiones vigentes sobre terrenos localizados en la franja litoral, generaban inseguridad jurídica y, por tanto, ponían en riesgo el futuro y la permanencia en sus actuales localizaciones de miles de actividades empresariales y de inmuebles destinados a diferentes usos públicos y privados.

Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás y aceptó retirar la modificación del reglamento de costas pero meses después, como explicó Ángeles Vázquez, retomó su objetivo “a escondidas” a través de la nueva Ley de Cambio Climático, en estos momentos en fase de enmiendas. Por este motivo, la responsable autonómica exigió la retirada del artículo 18.4 de este proyecto legislativo, referido a la duración de las ocupaciones de la franja de dominio público.

“Creemos que no es necesario modificar la Ley de costas puesto que la normativa del año 2013 ya deja suficientemente claras estas cuestiones”, recalcó la conselleira de Medio Ambiente, quien añadió que, en caso de promover una modificación del actual marco legal, la Xunta exige que se haga “con todas las garantías de transparencia, de diálogo y con la oportuna tramitación” en lugar de intentarlo “por la puerta de atrás a través de otra normativa diferente”.

En la misma línea, la conselleira del Mar, Rosa Quintana, advirtió que, tal y como está, el actual proyecto de Ley de Cambio Climático que modifica la normativa de costas pone en riesgo a más de un centenar de empresas y otras actividades del complejo mar-industria. En este sentido, la titular de Mar trasladó una vez más el apoyo de la Xunta a la cadena mar-industria en favor de la seguridad jurídica de las empresas y del resto de edificaciones públicas asentadas en el litoral.

Finalmente, las dos conselleiras incidieron en que la modificación en materia de costas que trata de introducir “sin diálogo” el Gobierno central está generando preocupación y desconfianza entre los posibles afectados. Por eso, insistieron ante los representantes de la patronal de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra en que recogerán sus inquietudes y defenderán ante el Estado la necesidad de mantener esa “seguridad jurídica” que necesitan las empresas y edificaciones asentadas en el litoral gallego, garantizando un escenario normativo “claro y preciso” que permita su viabilidad.

Imágenes relacionadas
Fecha de actualización: 15/09/2020