El director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García, mantuvo hoy una videoconferencia con representantes de la sociedad pública estatal

La Xunta urge un cambio de criterio por parte del Gobierno central para evitar la desprotección de las familias que viven de alquiler en edificios de la Sareb

Explica que la situación de los vecinos del inmueble de Burela y que también se da en otros municipios gallegos está provocada por la negativa de la Sareb a prorrogar los contratos

Recuerda que el Gobierno central es propietario de más del 45% de esta sociedad por lo que tiene la capacidad y la responsabilidad de buscar una solución para los afectados

Santiago de Compostela, 15 de enero de 2022
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La Xunta de Galicia emplaza al Gobierno central a cambiar urgentemente de criterio con relación a los contratos de alquiler en edificios propiedad de la Sareb con el fin de evitar situaciones de desprotección e incertidumbre entre las familias arrendatarias.

El director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, se reunió esta mañana con representantes de la sociedad pública para interesarse por el futuro de varios de los inmuebles que tiene alquilados en Galicia y pedir información sobre la situación particular del edificio de Burela, en el que el contrato de arrendamiento vence el próximo mes de febrero.

En este caso concreto, recordó que se trata de un inmueble calificado como de protección autonómica hasta el año 2029, motivo por lo que el Gobierno gallego velará por el cumplimiento estricto de las condiciones que establece la normativa para este tipo de viviendas con el fin de asegurar que se destinen a alquiler hasta la finalización de este período.

Por su parte, los representantes de Sareb reconocieron que las viviendas, tal y como defiende la Xunta, deberán continuar en régimen de alquiler hasta el fin de la protección y se comprometieron a revisar todos los casos, de manera individual, la próxima semana.

En todo caso, el director del IGVS subrayó que la situación de los inquilinos de Burela no es un caso aislado sino que en los últimos meses también se hicieron públicos en municipios gallegos como Ares, Narón o Silleda conflictos surgidos con inquilinos por la negativa de la sociedad estatal a prorrogar la vigencia de sus contratos de arrendamiento.

De hecho, Heriberto García incidió en que es el Estado la administración que tiene la capacidad y la responsabilidad de intervenir, mediar y resolver de forma satisfactoria una situación que preocupa a docenas de familias gallegas que viven en edificios propiedad de la Sareb.

En este sentido, se mostró partidario de que haya un “cambio de criterio” con relación a aquellos inmuebles en los que hay personas con contratos de alquiler vigentes, al tiempo que incidió en que, mientras esto no se produzca, los inquilinos afectados deben dirigirse al Gobierno central para que inste a la sociedad pública a revisar los procedimientos de desalojo que tiene actualmente en marcha.

Así, recordó que en el borrador del Plan estatal de vivienda 2022-2025 —remitido a la Xunta en junio, pero aun no aprobado— figuraba un nuevo programa para ofrecer viviendas propiedad de la Sareb en régimen de alquiler social, algo que consideró positivo para facilitar el acceso a una vivienda a familias con pocos recursos pero del que, lamentó, “no se recibieron más noticias”. “La realidad actual es totalmente contraria la esa propuesta”, señaló.

En la misma línea, Heriberto García añadió que Galicia fue una de las primeras comunidades en establecer un convenio de colaboración con la Sareb para movilizar su actual parque de viviendas para ofrecer una solución habitacional a personas con dificultades económicas.

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Fecha de actualización: 14/01/2022