La Xunta denuncia las contradicciones del Gobierno central sobre el informe del Plan especial de Cambados y pide que rectifique para garantizar el futuro de las instalaciones asentadas en el puerto

Recuerda que el documento emitido por Costas del Estado cuestiona la continuidad de tres depuradoras y otras instalaciones sociales en terrenos del muelle de Tragove y que pretende invadir competencias al ir en contra de la Ley de Portos de Galicia, del Estatuto de Autonomía de Galicia y de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios

Las interpretaciones del Ejecutivo estatal generan inseguridad jurídica en el sector y pone en entredicho el desarrollo de actividades tradicionalmente presentes en los puertos

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Santiago de Compostela, 12 de mayo de 2022.- El Gobierno gallego manifiesta su perplejidad ante las declaraciones de la directora general de la Costa y el Mar del Gobierno central que contradice por completo el informe emitido por este mismo departamento en relación al plan especial del puerto de Cambados. La Xunta recuerda que el dictamen de la Administración estatal cuestiona la continuidad de estas instalaciones y otras sociales en terrenos del muelle de Tragove al concluir con rotundidad que pueden tener otra localización fuera del dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el Ejecutivo gallego pide al Gobierno central que rectifique para garantizar el futuro de las instalaciones asentadas en el puerto.

De hecho, el informe del Ministerio para la Transición Ecológica refleja de forma clara las pretensiones de invadir competencias exclusivas de Galicia pues pretende aplicar la Ley de costas en los terrenos portuarios al considerarlos dominio público marítimo-terrestre. Esto va en contra de la Ley de Portos de Galicia -vigente desde 2018-, del Estatuto de Autonomía de Galicia y de la propia Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP).

Además afirma expresamente, en base a la ley estatal de costas, que las depuradoras pueden tener otro emplazamiento y no podrían estar en zona de costa. Señala textualmente que: “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra localización (...). Por el anterior, se considera que estos usos asentados en dominio público marítimo-terrestre pueden tener otra localización”.

 

Siguiendo esta misma línea y basando su argumento en el reglamento general de costas, el informe entiende que también deben salir de zona portuaria, entre otras, instalaciones como la plaza de abastos, el centro de salud o estación de autobuses al no constituir usos necesarios para la actividad portuaria, comercial o de restauración. En este sentido, el dictamen del Ministerio para la Transición Ecológica dice literalmente que estas instalaciones “no constituyen ni un uso necesario para el desarrollo de la actividad portuaria, ni un uso comercial o de restauración. Por lo anterior (...) no procedería a mantenerlos en la propuesta de ordenación del plan especial y convendría estudiar el traslado de estas instalaciones fuera del dominio público marítimo-terrestre”.

Esto confirma lo que vienen advirtiendo el Ejecutivo autonómico y los representantes de la cadena mar-industria en relación a las interpretaciones que hace el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que generan inseguridad jurídica en el sector y pone en entredicho el desarrollo de actividades tradicionalmente presentes en los puertos. Unas interpretaciones que también concuerdan con lo que lleva advirtiendo la Xunta desde 2019 sobre la línea de actuación que está siguiendo el Ejecutivo del Estado a través de la Ley de Cambio Climático y la modificación del reglamento general de costas.

En este sentido, el Gobierno gallego continuará defendiendo ante todas las instancias los intereses del complejo mar-industria de Galicia y del conjunto de la ciudadanía y demanda al Ministerio para la Transición Ecológica que aclare a Galicia sus pretensiones y sus declaraciones que difieren del informe emitido en relación al plan especial del muelle de Tragove.

Se trata de un asunto de extrema gravedad pues el mismo problema puede reproducirse en muchos de los 122 muelles autonómicos con los que cuenta Galicia, lo que dejaría en el aire la continuidad de numerosas instalaciones del complejo mar-industria y de edificaciones de carácter social como centros de salud, colegios, plazas de abastos o incluso inmuebles de instituciones dependientes de la Xunta o de la Administración General del Estado.

Departamento: C. del Mar
Fecha de actualización: 12/05/2022