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La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se reunió hoy con representantes municipales de la provincia de Pontevedra en el marco de la ronda de contactos iniciada este mes

La Xunta anima a los ayuntamientos costeros a implicarse en la redacción de la futura Ley de ordenación del litoral en defensa de sus intereses

Ángeles Vázquez considera necesario impulsar una norma propia en este ámbito para responder a los “continuos ataques” del Gobierno central a los intereses de la costa gallega
 

Advierte de que los últimos cambios introducidos en el marco normativo vigente ponen en riesgo solo en esta provincia más de 1.700 edificaciones en dominio público marítimo-terrestre, incluidos 22 centros educativos, 92 instalaciones deportivas y 5 mercados
 

El Gobierno autonómico confirma ante alcaldes y concejales su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo la reciente reforma del Reglamento de costas

Pontevedra, 28 de septiembre de 2022
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La Xunta anima a los ayuntamientos costeros de toda Galicia a implicarse activamente en el proceso de elaboración de la futura Ley de ordenación del litoral, llamada a ser la primera norma autonómica en este ámbito y que, por lo tanto, tendrá una gran trascendencia para todos los municipios asentados en la franja costera.

 

Así lo trasladó esta mañana a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ante un auditorio conformado por alcaldes y representantes municipales de una docena de los 27 ayuntamientos costeros de Pontevedra que estaban convocados para abordar los objetivos principales de la nueva ley y emplazarlos a trasladar sus aportaciones para enriquecer el documento.

 

Acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y la secretaria general Técnica de la Consellería, Carmen Bouso, la conselleira recordó que esta reunión se enmarca en la ronda de contactos abierta para avanzar en la elaboración de la Ley de ordenación del litoral de Galicia, en fase de consulta pública previa hasta el 17 de octubre.

 

Tras explicar que este es el primero de los encuentros previstos con los más de 80 ayuntamientos costeros gallegos, Ángeles Vázquez incidió en la importancia de que el municipalismo se sume también a este proceso, subrayando la necesidad de impulsar una norma propia en este ámbito en respuesta a los “continuos ataques” del Gobierno central a los intereses del litoral gallego y para conseguir el autogobierno pleno sobre su costa. “Siendo conscientes de que Galicia no puede darle las espaldas al mar desde el punto de vista medioambiental pero también social y económico, no nos queda otra que legislar”, declaró.

 

En este sentido, explicó que, según el inventario de bienes en dominio público marítimo-terrestre realizado por la Xunta, los cambios impulsados desde el año 2018 por el Gobierno central en la normativa de espaldas ponen en riesgo solo en la provincia de Pontevedra 1.762 edificaciones localizadas en esta franja, tanto inmuebles e instalaciones de carácter privado —incluidas viviendas o empresas— como otros de uso público y dotacional.

 

En el caso del litoral pontevedrés, la conselleira subrayó el impacto que las últimas decisiones del Gobierno central y su interpretación “subjetiva” y cada “vez más restrictiva” de la normativa sectorial de espaldas tendrá sobre centros educativos, instalaciones deportivas, mercados de abastos y cámpings en el DPMT. De hecho, más de la mitad de los inmuebles de este tipo identificados en Galicia pertenecen a ayuntamientos de Pontevedra.

 

A modo de ejemplo, se refirió la que esta provincia concentra 22 de los 35 centros educativos inventariados en todo el DPMT gallego; 92 de las 172 instalaciones deportivas; 7 de los 11 mercados y plazas de abastos afectados; y 5 de los 7 cámpings en riesgo en esta franja costera.

 

En esta línea, recordó en los últimos años el Ejecutivo central viene encadenando toda una serie de decisiones y cambios normativos con el objetivo de eliminar progresivamente toda actividad social y económica de la franja costera.

 

En concreto, hace falta recordar las modificaciones introducidas en la duración de las concesiones en dominio público a través de la Ley de cambio climático o la modificación este mismo verano del Reglamento general de costas, aun más restrictivo que la anterior y cuya aprobación, confirmó, será recurrida por la Xunta ante el Tribunal Supremo con el fin de mantener la actividad económica y garantizar el empleo vinculado al litoral.

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Fecha de actualización: 28/09/2022