La Xunta de Galicia defendió hoy ante representantes del Parlamento Europeo el modelo de gestión del lobo aplicado en la Comunidad desde hace más de una década por la efectividad demostrada desde su aprobación y como una herramienta imprescindible para garantizar “el equilibrio perfecto” entre la protección de la especie y la protección de los ganaderos y la gente del medio rural.

En el marco del encuentro informativo La gestión activa del lobo como modo de convivencia con la ganadería extensiva, dirigido a eurodiputados y otros representantes europeos, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, intervino para explicar la situación de la especie en la Comunidad y el impacto que se prevé sobre la misma la raíz de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno central, de forma unilateral y mismo contraria a la opinión de las principales comunidades loberas del país.

Tras recordar que Galicia alberga unas 90 manadas reproductoras de esta especie —más que Francia o Portugal—, la conselleira explicó que gracias a las medidas adoptadas en el marco del Plan de gestión del lobo desde su aprobación en 2008, su estado de conservación en la Comunidad es actualmente favorable.

Asimismo, la "eficacia" de este instrumento, según expuso la conselleira, quedó demostrada con creces por el hecho de que en este período logró compatibilizar y mantener la armonía entre las actividades ganaderas sostenibles y la protección de la biodiversidad y, más concretamente, del lobo ibérico, un logro notable teniendo en cuenta que su área de distribución abarca el 72% del territorio gallego.

En este sentido, incidió en que en el caso de Galicia el lobo vive “en un medio totalmente humanizado” y se reparte en pequeñas poblaciones distribuidas por toda la Comunidad. Una realidad que, según Ángeles Vázquez, no está teniendo en cuenta el Gobierno central en sus últimas decisiones sobre la gestión de la especie en el conjunto del país.

Así, se refirió a la inclusión de las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe) con el fin de elevar el nivel de protección de un animal que presenta ya un estado de conservación favorable al norte del río Duero.

En la misma línea, la conselleira trasladó el rechazo del Gobierno gallego a la Estrategia nacional del lobo, aprobada el pasado mes de julio, a pesar del voto en contra de las tres comunidades que concentran el 93% de los ejemplares de todo el país —Galicia, Castilla y León y Cantabria—, y con el apoyo de otras en las que la presencia de esta especie es “testimonial”.

Ausencia de un censo nacional actualizado

Ángeles Vázquez justificó la oposición de la Xunta a este documento tanto por las formas como por el fondo, subrayando que por un lado no se hizo partiendo de un censo nacional de la especie que actualice y sirva para cotejar los últimos datos disponibles, y por otro, tampoco incluye un balance que permita evaluar los resultados de la estrategia anterior.

Por eso, y, a pesar de que el Ministerio decidió condicionar el reparto de 20 millones de euros reservados este año a prevenir e indemnizar los daños del lobo a la suscripción de la Estrategia por parte de las comunidades, la conselleira indicó que Galicia se mantendrá firme en su rechazo al entender que atenta contra los intereses del rural gallego y no acerca la seguridad jurídica necesaria para gestionar el lobo de forma eficaz.

Tras incidir en el éxito con el que la Xunta gestionó hasta el momento las poblaciones de esta especie, avanzó que agotará todas las vías a su alcance, incluida la judicial, para seguir apostando por la protección de la biodiversidad con el lobo como pieza fundamental.

Después de referirse al recurso presentado a finales de octubre contra el reparto territorializado de los fondos del lobo y la exclusión de Galicia del mismo, avanzó que el Gobierno gallego triplicará en 2023 el esfuerzo destinado a la convocatoria de ayudas para medidas de prevención del ganado, con una partida reservada de 1,9 millones de euros a la que se sumarán los 0,6 millones de euros previstos para pagar posibles indemnizaciones. Todo esto con el fin de seguir defendiendo los intereses, la supervivencia y la labor que realiza el sector ganadero para la preservación de la biodiversidad y el medio rural.