La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia

el 8 de marzo de 2000 estimando el recurso contencioso-administrativo promovido por Pascual Luis López Buesa contra la resolución de la comisión de conflictos de la Universidad de Vigo de 11 de septiembre de 1996.

La parte dispositiva de dicha sentencia declara el derecho del recurrente a ser nombrado funcionario de carrera del cuerpo de profesores titulares de universidad con efectos administrativos desde el momento en que tal nombramiento debería tenerse producido.

Cumpliendo el interesado los requisitos a los que alude el apartado 2º del artículo 5 del Real decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en el uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, este rectorado ha resuelto:

Primero.-Nombrar a Pascual Luis López Buesa, con documento nacional de identidad número 17.212.795, profesor titular de universidad del área de conocimiento de tecnología de los alimentos, del departamento de Ingeniería Química.

Segundo.-Este nombramiento surtirá efectos plenos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.-Retrotraer los efectos administrativos de este nombramiento al 9 de octubre de 1995.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Vigo, 22 de mayo de 2000.

Domingo Docampo Amoedo

Rector de la Universidad de Vigo