La protección y conservación de nuestro patrimonio natural es un mandato recogido en el artículo 45 de la Constitución y una necesidad para asegurar la pervivencia de nuestros ecosistemas y sus componentes.

El Real decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/43/CEE del Consejo. Este real decreto establece en su artículo 3 que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una red ecológica coherente, denominada Natura 2000, designando lugares y zonas especiales de conservación que garanticen el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable de los hábitats y hábitats de especies que determina la directiva.

Con fecha 11 de marzo de 1999, el Consello de la Xunta de Galicia acordó remitir una relación de lugares incluidos en la propuesta gallega para la Red Europea Natura 2000, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real decreto 1997/1995. El Estado español remitió a la Comisión Europea las listas de los lugares de importancia comunitaria propuestos por las distintas comunidades autónomas, según las regiones biogeográficas. Como consecuencia de la evaluación, realizada por los servicios técnicos de la Comisión Europea, ha sido requerida información adicional o ha sido solicitada la presentación de nuevas propuestas de lugares a las comunidades autónomas y estados pertenecientes a las regiones biogeográficas Atlántica y Mediterránea, ambas con representación en el territorio gallego. Con estas modificaciones la Unión Europea pretende alcanzar el porcentaje de representación idóneo para cada uno de los hábitats referido a la totalidad del territorio de la Unión.

Por este motivo, la Consellería de Medio Ambiente adaptó y revisó la propuesta gallega de lugares de importancia comunitaria, de acuerdo con las directrices impuestas por la comisión. El día 19 de abril de 2001, el Consello de la Xunta de Galicia acordó aprobar la revisión de la propuesta gallega, acuerdo que se orienta para conseguir la compatibilidad entre el desarrollo sostenible y la protección de los hábitats y taxones que dan valor a los espacios que conforman la propuesta gallega de lugares de importancia comunitaria.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres crea, en su artículo 12, diferentes tipos de espacios naturales protegidos. Asimismo, en su artículo 21.2º faculta a las comunidades autónomas con competencia plena en la materia para establecer otras figuras de protección distintas a las establecidas en el mencionado artículo 12.

En consecuencia y en virtud de las competencias en materia de conservación de la naturaleza establecidas por el Real decreto 1535/1984, de 20 de junio, se reguló mediante el Decreto 82/1989, de 11 de mayo, la figura de espacio natural en régimen de protección general y se creó el Registro General de Espacios Naturales de Galicia. En este registro se incluyen aquellos espacios de interés natural para los que deben establecerse medidas que aseguren su conservación. Este decreto establece en el artículo 6, al objeto de asegurar la salvaguarda de los valores naturales de un espacio, la posibilidad de establecer un régimen de protección provisional en tanto esté en tramitación la inclusión definitiva de dicho espacio en el registro general.

En consecuencia,

DISPONGO:

Artículo 1º

Se incluye en el registro, de manera provisional, la lista de lugares recogida en el anexo de esta orden

con los límites actualmente propuestos, declarándolos mientras tanto como «espacios en régimen de protección general», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 82/1989, de 11 de mayo.

Artículo 2º

1. En estos espacios podrán seguir llevándose a cabo, de manera ordenada, los usos y actividades tradicionales. Cualquier otra actividad requerirá informe preceptivo y vinculante de la Consellería de Medio Ambiente, que será solicitado por el promotor o titular de las acciones, actividades, construcciones, proyectos u obras que se pretenda emprender.

2. Si se prevé que puedan derivarse efectos negativos de las acciones que vayan a realizarse, la Consellería de Medio Ambiente podrá exigir un informe de evaluación ambiental de las mismas para evitar el deterioro de los valores que determinaron la inclusión de estos espacios en el registro general, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 4/1989, de 24 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.

Artículo 3º

Aquellas áreas de estos espacios que gozasen ya de un régimen de protección específico, mantendrán el mismo.

Disposición final

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de junio de 2001.

José Carlos del Álamo Jiménez

Conselleiro de Medio Ambiente

ANEXO