De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica a la persona que en el anexo se menciona la incoación del expediente sancionador por infracción al Reglamento de epizootias, Decreto de 4 de febrero de 1955, al no ser posible su notificación a través del servicio de correos.
Que, asimismo, designo instructor del expediente a José María Muíños Mayoral y secretaria a María Magdalena Santiago Pereira.
Lo que se notifica, a los efectos previstos en el artículo 58 de la citada Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, pudiendo recusarlos en cualquier momento del expediente por alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la mencionada ley.
Concediendo al interesado un plazo de quince días, para que pueda examinar el expediente así como formular las alegaciones que estime pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 13.2º del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, ya que de no efectuar las alegaciones en el plazo indicado, el acuerdo de
incoación podrá ser considerado como propuesta de resolución.
Pontevedra, 13 de mayo de 2003.
José Manuel Gabeiras Vérez
Delegado provincial de Pontevedra
ANEXO
Expediente: SAN-PO-47/2003-MP.
Denunciado: Alberto González Alonso.
Última dirección conocida: Debaixo das Eiras, nº 11-36350 Nigrán.
Hecho denunciado: carecer del libro registro de movimientos y compraventa de ganado, no tener identificados 3 animales de la especie porcina y carecer del certificado de inscripción del vehículo.
Fecha del acuerdo de incoación: 7-4-2003.
Preceptos infringidos: incumplimiento del artículo 10 de la Orden de 23 de agosto de 1995, del artículo 7 del Real decreto 205/1996, de 9 de febrero y del artículo 52.4º del Decreto de 4 de febrero de 1955.
Precepto sancionador: artículo 224 del Reglamento de la Ley de epizootias.
Sanción: de 920 euros.
