La directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, con fecha 20 de marzo de 2012, resolución derivada del expediente sancionador y de reposición de la legalidad n.º S-2011/022-P, que se incoó, entre otros, a Rosa María González Bordallo, por la realización de obras abusivas ejecutadas dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en el lugar de Larache, Santa Cristina de Cobres, término municipal de Vilaboa (Pontevedra).

Al no poder realizarse la notificación personal de la resolución a la interesada, mediante la presente cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se notifica a la interesada dicha resolución.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se le hace saber a la interesada que el texto íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sita en el edificio Witland, 1.er piso, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de 10 días hábiles, que se contarán desde el día siguiente de la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo la notificación se entenderá producida.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, la interesada podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la notificación, ante la directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, o bien, si no ejercita su derecho a presentar recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el articulo 14.1.º, regla tercera, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para que conste y le sirva de notificación de resolución a la destinataria arriba indicada, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2012.

María Martínez Allegue
Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística