Antecedentes.

1. El Diario Oficial de Galicia número 13, de 19 de enero de 2012, publica la Orden de 9 de enero de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para las entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas de incorporación social en viviendas para pacientes estabilizados en las unidades asistenciales con especialización en drogodependencias de la Comunidad Autónoma gallega.

2. Con fecha de 13 de febrero de 2012, la asociación Madro, con CIF G36750651 solicita ayuda para la realización de programas de incorporación social en viviendas para pacientes estabilizados en las unidades asistenciales con especialización en drogodependencias de la Comunidad Autónoma gallega.

Consideraciones legales.

1. En las fechas 23 y 25 de abril se reúne la comisión de valoración que establece el artículo 7 de la dicha orden, que hace la evaluación y emite el correspondiente informe con la valoración conseguida por los proyectos presentados.

2. La conselleira de Sanidad y presidenta del Servicio Gallego de Salud es la competente para resolver el procedimiento, según los decretos 310/2009 y 311/2009, de 28 de mayo, por los que se establecen las estructuras orgánicas de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, respectivamente. Esta competencia está recogida en el artículo 8.2 de la orden anteriormente referida.

De acuerdo con lo indicado,

RESUELVO:

Conceder a la asociación Madro, con CIF G36750651 una ayuda para el desarrollo del programa Proyecto de centro de apoyo a procesos terapeúticos por importe de 42.500 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 5001.413A.481.21, con el código de proyecto 201200034, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y podrá recurrirse de forma potestativa en reposición ante la conselleira y presidenta del Servicio Gallego de Salud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de notificación, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que el interesado pueda ejecutar cualquier otro que estime oportuno.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2012.

Rocío Mosquera Álvarez
Conselleira de Sanidad