La Dirección de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, el 15 de marzo de 2017, resolución por la que se impone una primera multa coercitiva, como consecuencia de incumplir lo ordenado en la Resolución de 3 de noviembre de 2015, en la que se declaran ilegalizables las obras consistentes en la instalación de una caseta metálica prefabricada, situada en el lugar de Meaos de Abaixo, en el término municipal de Barreiros, provincia de Lugo, por ser incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente, y se ordena su retirada.

Al no poderse realizar la notificación personal de aquella resolución a José Luis Cruz Vilar y a María Marta Rodríguez Parga, mediante la presente cédula y al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se notifica a los interesados dicha resolución, por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, y su fecha de publicación es la que determina la eficacia del acto notificado.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acto no se publica en su integridad, se comunica a los interesados que el texto íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, situadas en el Edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo diez (10) días hábiles, que se contarán desde el día siguiente a la publicación de esta cédula. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse la comparecencia, la notificación se entenderá producida al día siguiente de su publicación.

Contra esta resolución, los interesados pueden interponer recurso de reposición ante la Dirección de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la notificación, o bien, si no ejercita su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para que conste y sirva de notificación a los citados interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 2 de mayo de 2017

José Antonio Cerdeira Pérez
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística