El artículo 24 de nuestra Constitución garantiza a todas las personas el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, así como a la defensa y a la asistencia de letrado. Este derecho fundamental se complementa con lo dispuesto en el artículo 119 de la Carta Magna, donde se establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Con la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, esta materia fue objeto de una honda reforma, y como consecuencia del Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, por el que la Administración del Estado le transfirió a Galicia los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia, entre los cuales se encuentra el abono de la indemnización económica a los colegios de abogados y de procuradores de los tribunales por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, la Comunidad Autónoma gallega realizó el desarrollo normativo de dicha Ley 1/1996, en un primer momento a través del Decreto 146/1997 y posteriormente, con la pertinente reforma de este para su necesaria adaptación al contexto actual, mediante el vigente Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, modificado por el Decreto 138/2012, de 21 de junio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, y luego de la obligada consulta con los colegios de abogados de Galicia y con la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia, procede establecer los módulos y bases de compensación, con cargo a los presupuestos de gastos para el año 2018, por la prestación del servicio de asistencia letrada y defensa gratuitas.

Asimismo, la Orden de 2 de agosto de 2012 desarrolla la regulación de las certificaciones y justificaciones trimestrales establecidas en el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto,

DISPONGO:

Primero. Durante el cuarto trimestre del año 2017 y el primer, segundo y tercer trimestre de 2018 las cantidades del baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita serán las especificadas en el anexo de la presente orden. Estas cantidades deberán ser certificadas trimestralmente por los colegios de abogados, siguiendo estrictamente la ordenación de tipologías recogidas en el modelo que figura en el anexo de la presente orden, de acuerdo con los artículos 38.3 y 44 del Decreto 269/2008, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los puntos primero, segundo y tercero de la Orden de 2 de agosto de 2012.

Segundo. Los abogados percibirán el 100 % de la compensación económica correspondiente a su actuación profesional cuando acrediten la realización de alguno de los siguientes trámites procesales:

a) En materia de asistencia letrada al detenido o preso, una vez finalizada la intervención profesional y que el abogado presente el parte sellado por el órgano judicial o policial donde se llevó a cabo la asistencia y en el que se recojan los siguientes datos como mínimo:

– Nombre y número de colegiado del abogado.

– Nombre y DNI del asistido o asistidos. En el caso de extranjeros, número de pasaporte o de tarjeta de residencia.

– Motivo por el cual lo asiste y, en su caso, de la detención, y número de diligencias policiales o judiciales.

Cuando el colegio de abogados tenga establecido un turno de guardia, se pagará una única compensación por cada turno de guardia. Si el número de asistencias realizadas a personas diferentes es superior a cinco dentro de una misma guardia, el abogado percibirá una compensación equivalente al doble del módulo establecido, sea cual sea el número de asistencias realizadas.

b) En los procesos penales, la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de la actuación procesal en la que intervenga el letrado, o la apertura del juicio oral.

c) En los procesos civiles, la presentación de la copia de la resolución judicial de admisión de la demanda o de tener por formulada la contestación de la misma.

d) En los demás procesos, la presentación de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención del abogado.

e) En las apelaciones civiles, la presentación de la copia de la resolución judicial por la que se admite a trámite el recurso o, si procede, la comparecencia ante la sala.

f) En las apelaciones penales, la presentación de la copia de la resolución judicial en la que se tenga por formalizado o impugnado el recurso o el señalamiento para la vista.

g) En los recursos de casación formalizados, la presentación de la copia de la resolución judicial por la que se tenga por interpuesto el recurso.

h) En los anuncios de recurso de casación que no llegan a ser formalizados, la presentación de la copia del anuncio del recurso, debidamente justificada.

i) En las transacciones extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pretensión, la presentación del documento de transacción suscrito por los interesados o del informe de la insostenibilidad dirigido al colegio.

j) En los desistimientos extrajudiciales por pasividad del interesado, la presentación de justificación escrita del letrado.

k) En las ejecuciones de sentencias que se produzcan transcurridos más de dos años después de dictada resolución judicial, presentación de la copia de petición de ejecución, debidamente acreditada.

Los documentos referidos podrán ser sustituidos por copia sellada por el órgano judicial de la primera hoja del escrito presentado.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.1 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, y de lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto de 2012, dentro del mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre el colegio de abogados remitirá a la Dirección General de Justicia una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas por los profesionales durante ese período en las cuales exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como la relación desglosada a que hace referencia la Orden de 2 de agosto de 2012.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, y según lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto de 2012, los colegios de abogados deberán remitir la justificación trimestral de los fondos percibidos a la que se refiere el artículo 47 de dicho Decreto 269/2008.

Disposición adicional

La presente orden se tramita al amparo de lo dispuesto en la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto (modificada por las de 27 de noviembre de 2000 y 25 de octubre de 2001), y su eficacia queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito suficiente para financiar las obligaciones derivadas de ella.

Disposición final

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2017

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

ANEXO
Módulos y bases de la indemnización por la prestación del servicio
Baremos para el cuarto trimestre del año 2017 y el primer, segundo y tercer trimestre de 2018

Abogados/tipología.

– Asistencia al detenido o preso.

Código	Denominación	Módulo
101	Asistencia individualizada	112,00 €

– Jurisdicción penal.

Código	Denominación	Módulo
201	Procedimiento ante el tribunal del jurado	500,00 €
202	Asistencia diaria a la vista ante el tribunal del jurado a partir del segundo día	119,00 €
203	Procedimiento ordinario por delito	475,00 €
204	Procedimiento abreviado de especial complejidad (causa de más de 1000 folios)	475,00 €
206	Procedimiento penal abreviado	345,00 €
207	Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos sin conformidad	355,00 €
208	Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos con conformidad	235,00 €
209	Procedimiento para el juicio sobre delito leve	155,00 €
2010	Menores. Proceso terminado con sentencia	240,00 €
2011	Menores. Proceso con otras formas de terminación	180,00 €
2012	Recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria con intervención preceptiva o designación de abogado por requerimiento judicial, conforme al artículo 21 de la Ley de asistencia jurídica gratuita	160,00 €
2015	Recursos de apelación a sentencias y autos finales. Proceso por delito	160,00 €
2016	Recursos de apelación. Procedimiento sobre delitos leves	130,00 €
2017	Defensa jurídica inmediata de la mujer en diligencias policiales, tramitación de la orden de protección y procedimientos administrativos que traigan causa directa o indirecta de violencia doméstica	112,00 €
2018	Defensa jurídica del presunto agresor en la comparecencia judicial de la orden de protección	95,00 €

– Jurisdicción civil.

Código	Denominación	Módulo
301	Procedimiento ordinario	360,00 €
302	Juicio verbal	240,00 €
303	Proceso contencioso de familia completo	355,00 €
304	Proceso de familia de mutuo acuerdo	240,00 €
305	Medidas provisionales previas y coetáneas en procesos de familia	95,00 €
306	Modificación de medidas definitivas en procesos de familia	330,00 €
307	Proceso sobre filiación o capacidad, excepto los internamientos del artículo 763 de la Ley de enjuiciamiento civil	240,00 €
308	Monitorio	119,00 €
309	Actuación en un proceso como contador partidor	260,00 €
3010	Proceso de división judicial de patrimonios completo	240,00 €
3011	Ejecuciones de títulos judiciales con oposición y posteriores a dos años	180,00 €
3012	Cambiario y ejecución de títulos no judiciales	180,00 €
3013	Expedientes de jurisdicción voluntaria e internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico	180,00 €
3014	Recursos de apelación	160,00 €

– Jurisdicción contencioso-administrativa.

Código	Denominación	Módulo
401	Recurso contencioso-administrativo. Procedimiento ordinario	360,00 €
402	Recurso contencioso-administrativo. Procedimiento abreviado	240,00 €
403	Vía administrativa (extranjería y asilo)	119,00 €
404	Recursos de apelación	160,00 €
405	Entrada en domicilio	112,00 €

– Jurisdicción social.

Código	Denominación	Módulo
501	Procesos de la jurisdicción social (ordinarios y especiales)	265,00 €
502	Recursos de suplicación	160,00 €

– Jurisdicción militar.

Código	Denominación	Módulo
601	Proceso íntegro	225,00 €

– Recursos de casación y amparo.

Código	Denominación	Módulo
701	Recurso de casación	360,00 €
702	Recurso de casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio	110,00 €
703	Recurso de amparo	360,00 €

– Actuaciones extraprocesales.

Código	Denominación	Módulo
801	Transacciones extrajudiciales	(*) 75 %
802	Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión	80,00 €
803	Desistimiento previo al proceso por pasividad de la persona enjuiciable, estudio y preparación del asunto previos a la presentación de la demanda	(*) 30 %

– Normas generales.

Código	Denominación	Módulo
901	Allanamiento	(*) 30 %
902	Ejecución de sentencia posterior a los dos años de dictada la resolución judicial, salvo en la jurisdicción civil	(*) 30 %
903	Salidas a centros de prisión y centros de internamiento de menores en régimen cerrado (máximo de dos salidas por proceso)	30,00 €
904	Desplazamientos para a asistencia a juicio oral (abogados con despacho oficial en un partido judicial distinto al de la sede del juzgado de lo penal o de la audiencia provincial)	41,00 €
905	Medidas cautelares y diligencias preliminares	100,00 €
906	Reconvención	119,00 €

(*) Sobre el módulo aplicable al procedimiento