Yo, Marina Pilar García de Evan, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 165/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Roberto Carlos Vaz Rodríguez contra las empresas Galega de Técnicas e Investimentos, S.L., Sotegal de Enerxía, S.L., Esinor Sistemas, S.L., Pocomaco Inversiones, S.L. y Manuel Lombardía Rodríguez, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado decreto en fecha 11 de enero de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.

Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Galega de Técnicas e Investimentos, S.L., Sotegal de Enerxía, S.L., Esinor Sistemas, S.L., Pocomaco Inversiones, S.L. y Manuel Lombardía Rodríguez en situación de insolvencia total por importe de 18.361,72 euros en concepto de principal, más 765,89 euros en concepto de intereses de mora, más 1.912,76 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses, gastos y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de los ejecutados.

c) Proceder a su inscripción en el registro correspondiente y a su inserción en el Diario Oficial de Galicia respecto a los ejecutados que sean personas físicas.

d) Llevar el original al libro de decretos, dejando testimonio en las presentes actuaciones.

Notifíquese a las partes y a los ejecutados por medio de edictos en el Diario Oficial de Galicia, haciéndoles saber que, en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la Ley de jurisdicción social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número 3, abierta en Banco Santander, cuenta nº 5076 0000 64 0165 17. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá ingresarse en la cuenta número 00493569920005001274, y en el campo «concepto» deberá indicar el número de cuenta 5076 0000 64 0165 17. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

La letrada de la Administración de justicia».

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial.

Y para que sirva de notificación a Galega de Técnicas e Investimentos, S.L., Sotegal de Enerxía, S.L., Esinor Sistemas, S.L., Pocomaco Inversiones, S.L. y Manuel Lombardía Rodríguez, expido el presente edicto.

Santiago de Compostela, 11 de enero de 2018

La letrada de la Administración de justicia