Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 10/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Pablo Carneiro Aguiar contra José Manuel Sande Peón y Fogasa, se ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Decreto:
Letrada de la Administración de justicia: María Teresa Vázquez Abades.
Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2018
Parte dispositiva:
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado, José Manuel Sande Peón, en situación de insolvencia total por importe de 13.125,04 euros en concepto de principal (1.987,45 euros de indemnización más 11.137,62 euros de salarios de trámite) más otros 1.312,50 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de reabrir la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
c) Una vez firme la presente resolución, procédase a su inscripción en el registro correspondiente.
d) Expedir los testimonios de las resoluciones procedentes que se entregarán a la parte ejecutante en la oficina judicial de este juzgado.
Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo 188 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LJS).
La letrada de la Administración de justicia».
Para que sirva de notificación en legal forma a José Manuel Sande Peón, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2018
La letrada de la Administración de justicia
