Yo, María Teresa Vázquez Abades, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela, hago saber que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 102/2019 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Iván Gómez Gesto contra Compañía de Protección Galaica, S.A. y Fogasa, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Decreto.
Letrada de la Administración de justicia María Teresa Vázquez Abades.
Santiago de Compostela, diez de marzo de dos mil veinte.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Compañía de Protección Galaica, S.A. en situación de insolvencia total por importe de 255,61 euros en concepto de principal (192,80 euros más 62,81 euros en concepto de intereses del artículo 29.3 del ET), más otros 25,56 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, se puedan devengar durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, sin perjuicio de reabrir la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
c) Una vez firme la presente resolución, proceder a su inscripción en el registro correspondiente.
d) Expedir los testimonios de las resoluciones procedentes, que se entregarán a la parte ejecutante en la oficina judicial de este juzgado.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS).
La letrada de la Administración de justicia».
Y para que sirva de notificación en legal forma a Compañía de Protección Galaica, S.A., en ignorado paradero, expido el presente edicto para su inserción en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2020
La letrada de la Administración de justicia