Examinado el expediente instruido por solicitud de UFD Distribución Electricidad, S.A. sobre las autorizaciones administrativas previa y de construcción y la declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que a seguir se describen:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: reglamentación LMTA ALB804-apoyo nº 36-53.

Situación: lugar de Cima de Vila; ayuntamientos de Cenlle y San Amaro.

Características principales del proyecto, que fue redactado por el ingeniero industrial David Núñez Fernández, colegiado núm. 1534 del ICOIIG, en fecha 5.3.2021:

– Sustitución en la LMTA ALB804 (expediente núm. 1974-AT) de los apoyos núm. 36-51, 36-52 y 36-53, de tipo HV, por deterioro, instalando en su lugar nuevos apoyos de celosía metálica, con retensado del conductor existente de tipo LA-30. Las actuaciones tienen inicio en el apoyo nº 36-49 existente de tipo C 10/2000-D4 y final en el apoyo nº 36-56 existente de tipo HV 11/630-CR1.

La información pública del proyecto fue realizada mediante el Acuerdo de esta jefatura territorial de 15.10.2021, que fue insertado en el DOG de 9 de noviembre y en el periódico La Región de Ourense de 28 de octubre. El proyecto también estuvo en exposición pública en esta jefatura territorial y en el portal de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación durante el plazo reglamentario.

Dentro del plazo establecido para eso no se presentaron alegaciones contrarias a la realización del proyecto.

En consecuencia, cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y en los capítulos II y V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia (DOG núm. 39, de 26 de febrero), esta jefatura territorial resuelve:

Conceder las autorizaciones administrativas previa y de construcción y declarar, en concreto, la utilidad pública de dichas instalaciones, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el proyecto de ejecución y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación, y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.

Estas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios para la realización de las obras de la instalación autorizada.

El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, a contar a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Que por el representante de la Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 149 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se dé comienzo al levantamiento de las actas previas a la ocupación, en los días y horas que a cada interesado se le notifique de manera individual, de aquellas fincas que figuran en el anexo del acuerdo de información pública del proyecto.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de esta resolución, conforme lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que consideren pertinente.

Ourense, 18 de febrero de 2022

Pablo Fernández Vila
Jefe territorial de Ourense