Xunta e Irmandade Xurídica Galega promueven la 'Declaración de Celanova' a favor del gallego en la justicia
El secretario general de Política Lingüística, Valentín García, participó en la conmemoración del 25º aniversario del uso de la lengua gallega en el primero procedimiento judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de la villa ourensana
La Xunta de Galicia, la Irmandade Xurídica Galega y la Asociación de Funcionarios para la Normalización Lingüística promovieron hoy la Declaración de Celanova, a la que se adscribieron 38 ayuntamientos ourensanos comprometiéndose con la lengua gallega delante de los órganos jurisdiccionales, registros y notariales en un acto que acogieron el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de la villa ourensana y el claustro del Monasterio de San Salvador.
En el acto celebrado hoy en los juzgados de Celanova participó, en representación de la Administración autonómica, el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, quien recordó que “el ámbito de la Justicia es fundamental para conseguir la plena normalización de la lengua gallega y que los juzgados que promuevan el empleo idioma propio de Galicia serán siempre los más próximos a la ciudadanía”.
Canda el secretario general tomaron parte en el acto Xaquín Monteagudo y Xosé González, presidente y secretario de la Irmandade Xurídica Galega, respectivamente; los abogados Alfonso Grande y Ana Mosquera, y Carme Vaquero, en representación de la Asociación de Funcionarios para la Normalización Lingüística, así como abogados y funcionarios del partido judicial de Celanova. El acto se cerró con una actuación de María do Ceo.
Treinta y ocho ayuntamientos ourensanos a favor del uso del gallego en la Justicia
Durante el acto, se descubrió una placa conmemorativa y 38 alcaldes de la provincia de Ourense firmaron la Declaración de Celanova, a favor del gallego en la justicia. En ella se comprometen la que “se utilice la lengua gallega en los escritos que formen parte de los procedimientos procesales ante todos los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia”. Además, la declaración también recoge que los abogados que representen a los Ayuntamientos “utilizarán la lengua gallega en las vistas orales celebradas en los juzgados en los que se sustancien los procedimientos procesales, las cuales harán constar en los escritos de recursos que el juzgado dicte resolución y sentencias en lengua gallega”.
En esta misma línea, los Ayuntamientos involucrados demandarán de las notarías el uso de la lengua gallega en los protocolos notariales promovidos por la Administración Local.
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