La Xunta ofrece a 87 ayuntamientos costeros una herramienta para identificar las construcciones afectadas por la Ley de cambio climático

La Xunta de Galicia remitió una carta a los 87 ayuntamientos gallegos con costa en la que pone a su disposición una herramienta para poder visualizar las construcciones que se verían afectadas en sus municipios por las modificaciones que se quieren introducir con la nueva Ley de cambio climático

Así lo anunció esta tarde en el Parlamento a conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, quien advirtió que el Gobierno del Estado está utilizando dicha norma, actualmente en tramitación en el Congreso, para poner en riesgo las concesiones otorgadas de forma legal en el dominio público marítimo-terrestre, una “maniobra” que supone “un verdadero ataque a las empresas gallegas” localizadas en el litoral.

Durante su intervención en el Pleno, recordó que esta no es la primera vez que el Ejecutivo central intenta interpretar la normativa estatal en materia de costas con el fin de que ninguna concesión pueda extenderse más de 75 años, incluida la duración de las posibles prórrogas.

Este sería el objetivo, según explicó, de la inclusión del artículo 18 en el proyecto de Ley de cambio climático, en el que se regula la duración de las dichas concesiones y que, por tanto, “anularía” los actos administrativos realizados al amparo de la Ley de costas de 2013 y que prorrogan de forma extraordinaria este plazo máximo.

Por todo lo expuesto, la conselleira advirtió de que la estrategia del Gobierno del Estado pondrá en riesgo millares de empleos que dependen de concesiones y prórrogas legalmente concedidas.

Según las estimaciones de la patronal, si el artículo 18 de la nueva Ley de cambio climático sale adelante con su actual redacción, el impacto solo en Galicia podría suponer la pérdida de unos 37.000 puestos de trabajo y 10.000 millones de euros, el equivalente al 3% del PIB gallego.

Informe jurídico remitido al Estado

En este sentido, Ángeles Vázquez se refirió al informe elaborado por la Asesoría Jurídica de la Xunta con relación a la futura Ley de cambio climático y que, precisamente, remitió hace ya una semana al Gobierno del Estado.

En el documento, se concluye que el punto 4 del artículo 18 es “frontalmente inconstitucional” por su carácter retroactivo, algo prohibido expresamente en la Carta Magna al afectar a derechos integrados ya en el patrimonio de los sujetos afectados; y además, considera que también va contra la seguridad jurídica.

Finalmente, la conselleira le volvió a pedir al Gobierno central que elimine este punto de la ley, al tiempo que apeló a la “responsabilidad” de los partidos gallegos con representación en el Congreso, ya que, dijo, “tienen en su mano” que no salga adelante. “Luchen por Galicia y por el futuro de la costa gallega”, aseguró.