La Xunta insiste en la necesidad de reformar el Código penal para desalentar las ocupaciones y devolver las viviendas a sus propietarios

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, insistió una vez más en la necesidad de reformar el Código penal para disuadir las ocupaciones y devolver las viviendas a sus propietarios. Una postura, defendida por la Xunta de Galicia, que ahora está avalada por dos dictámenes de expertos penalistas.

La conselleira informó hoy de las decisiones en materia de ocupación abordadas en la reunión del Consejo del Observatorio de la Vivienda de Galicia, celebrada esta mañana.

Ángeles Vázquez anunció que, en base al contenido de los dictámenes presentados hoy en el Observatorio, los servicios jurídicos de la Xunta elaborarán un informe para trasladar al Gobierno central —que también conocerán los grupos parlamentarios— y que así tome conciencia de la problemática cuantitativa y cualitativa de este fenómeno en Galicia.

Además, recordó que ambos dictámenes fueron encargados por la Consellería, con el objetivo de poner encima de la mesa medidas que frenen este fenómeno y, sobre todo, por la falta de una solución a este problema por parte del Gobierno central. Uno está elaborado por Santiago Brage, de la Universidad de Santiago de Compostela, y el otro por Silvia Valmaña, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Aclaró que una de las principales conclusiones que arrojan, y que avalan la postura defendida por la Xunta, es la necesidad de modificar el Código penal (el artículo 245) y una variada y extensa normativa sectorial: como la Ley de Enjuizamiento Civil, la Ley de Enjuizamiento Criminal, la Ley del Tribunal del Jurado, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Orgánica de protección Jurídica del Menor.

Ante esta situación, la Administración autonómica apuesta por reformar el Código penal, mediante un endurecimiento de las penas a los que ocupan ilegalmente una vivienda; al tiempo que se agilizan los procedimientos que permitan devolver las viviendas ocupadas a sus propietarios, otorgando seguridad jurídica.

Asimismo, manifestó que el Gobierno central tiene que poner en marcha medidas que desalienten este tipo de comportamientos, en vez de cobijarlos, tal y como sucede con la aprobación el Real Decreto Ley 37/2020, en el que se establece la suspensión de los procedimientos judiciales para el lanzamiento de las ocupaciones ilegales durante el estado de alarma.

"Queríamos ver si por parte de la Xunta de Galicia estábamos en el buen camino y por lo tanto teníamos que seguir adelante pidiendo lo que vienen a decir estos dictámenes", incidió, y añadió que "no puede ser posible que esté más penada la extracción de un móvil que una ocupación ilegal de una vivienda, con el que eso supone", puso como ejemplo.

Petición de datos al Gobierno central

La conselleira de Medio Ambiente recordó que las competencias autonómicas son limitadas, pero que realizará todas las acciones que sean necesarias para conseguir una mayor seguridad jurídica; e insistió en que el Gobierno del Estado es la administración competente para impulsar las reformas legislativas que frenen la práctica delictiva de la ocupación de vivienda.

"Se lo pedimos al Gobierno central, se lo pedíamos al anterior delegado del Gobierno en Galicia y se lo pedimos ahora al nuevo delegado: precisamos tener una comunicación fluida, lo que supone que tengamos los datos actualizados en relación a la ocupación de vivienda", lamentó la conselleira, quien añadió que las cifras "siguen sin llegar", por lo que la Administración autonómica tiene que recurrir a diversas fuentes para conocerlos.

De los datos que se fueron conociendo, segundo señaló, la conclusión es que, si en los dos primeros trimestres de 2020 se registraba una ocupación cada dos días en Galicia, en el tercer trimestre esa cifra aumentó hasta una ocupación al día. "Por lo tanto, el número de ocupaciones está avanzando y no podemos seguir amparando ese cobijo de ilegalidades que suponen una malestar entre la sociedad", subrayó.

Teléfono de información

Por último, recordó que la Xunta puso a disposición de las personas afectadas por una ocupación ilegal de su vivienda un teléfono de información y asesoramiento especializado y gratuito (900 121 221), en el que serán atendidos por profesionales del Consejo de la Abogacía Gallega (CAG) para atender las consultas que se reciban, tanto por teléfono como vía online.

El objetivo es dar una solución y ayuda a las personas físicas propietarias o usufrutuarias de viviendas ocupadas ilegalmente sepan cómo actuar ante esta situación en todos aquellos aspectos referidos a trámites de carácter administrativo o judicial que guarden relación con los derechos y deberes de los afectados.