La Xunta exige al Gobierno central certezas y garantías jurídicas para asegurar el mantenimiento del empleo de Ence en Pontevedra

La Xunta exige al Gobierno central certezas y garantías que aseguren el mantenimiento del empleo de Ence en Pontevedra, ya que, a entender de la Administración gallega, el Ejecutivo no tiene ni una solución a la crisis ni una hoja de ruta que garantice el futuro de la actividad.

En respuesta a una pregunta en el Parlamento de Galicia, el vicepresidente primero de la Xunta acusó al Gobierno central de poner en peligro más de 5.100 puestos de trabajo y de mirar “para otro lado” ante el riesgo real que pesó sobre el futuro de la industria gallega con la tramitación de la Ley de Cambio Climático y con el recurso que pende sobre la prórroga de la actividad.

A entender de Alfonso Rueda, fue la presión ejercida desde la Xunta la que consiguió que en la tramitación de la Ley de Cambio Climático en el Senado se aceptara una enmienda que modificaba el artículo que, a entender de la Asesoría Jurídica de la Xunta, era inconstitucional, además de poner en peligro la actividad marítima e industrial en el litoral gallego. El vicepresidente cree que el Gobierno aceptó esa modificación “porque no les quedó más remedio”, sin tener en cuenta los perjuicios que ocasionaba a la economía gallega.

Además, Rueda entiende que el Ejecutivo central renunció a la defensa de la concesión que se le había otorgado años atrás a Ence al mantenerse al margen en el procedimiento que se está siguiendo en la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la autorización. El vicepresidente primero se basó en la reunión mantenida el mes pasado con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica, en la que “el Gobierno no tenía ni una solución a la crisis ni una hoja de ruta que garantice el futuro de actividad”, al no haber previsto actuaciones en caso de que la sentencia anule la prórroga, “poniendo en riesgo una actividad esencial para el mantenimiento del empleo en Pontevedra y para el futuro de la economía de toda Galicia”.

Por eso la Xunta exige al Gobierno central certezas y garantías jurídicas para que se mantenga la actividad y los empleos en Pontevedra. Certezas para que las más de 5.000 familias afectadas puedan despejar dudas sobre su futuro laboral y garantías jurídicas que aseguren a la firma su continuidad en Pontevedra. Alfonso Rueda demandó al Gobierno central que asuma sus responsabilidades y arregle un problema que ellos mismos contribuyeron a crear.