Galicia demanda de nuevo al Estado que se tengan en cuenta sus peculiaridades en la aplicación de la PAC y pide, junto con las autonomías del cantábrico, transparencia sobre las propuestas

Galicia insiste en reclamar lo que justamente le corresponde en la defensa legítima de los intereses de sus agricultores y ganaderos con respeto a la aplicación de la futura PAC. Nuestra comunidad y el resto de los territorios de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco) demandan codo a codo al Gobierno central que se tengan en cuenta las peculiaridades de la España húmeda a la hora de desarrollar esta política, frente a la orientación “mediterránea” que viene mostrando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). En este sentido, la delegación gallega recordó que ya se le trasladaron al Ministerio en varias ocasiones los documentos de consenso de la defensa que realiza la Cornisa.
Así se hizo hoy en la Comisión sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, a la que asistieron, en representación de Galicia, el secretario general técnico de la Consellería de Medio Rural, Nicolás Vázquez, y el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros. Allí trasladaron que para Galicia la propuesta actual del Ministerio, tal como está concebida en este momento, no defiende los intereses de los ganaderos y agricultores gallegos y tendieron la mano para negociarla, con el objeto de mejorarla.
Como cuestión previa, en este encuentro la delegación gallega demandó, desde la lealtad al Gobierno Central, y reconociendo el esfuerzo realizado por el ministro en las negociaciones, una mayor transparencia por parte del MAPA a la hora de explicar sus propuestas sobre la PAC. Los representantes de la Xunta recordaron que Galicia prestó apoyo institucional al Estado durante todo el proceso y demandan continuar negociando en beneficio del sector primario gallego.

Demandas de Galicia

En este sentido, Galicia solicitó al Ministerio el mapa completo de las regiones PAC que se proponen en la aplicación de la futura PAC a nivel español ya que hasta ahora solo se dispone de las regiones de cada comunidad. La Xunta considera imprescindible conocer este diseño, así como los datos detallados para cada región, tanto de número de derechos, hectáreas elegibles e importe asignado como de la distribución de los derechos según su cuantía inicial en 2023.
A mayores, la postura de Galicia -que hoy se reafirmó- y del resto de comunidades cantábricas pivota sobre la defensa de un modelo de ayudas directas que dé prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales y que atienda a la realidad del norte de España. Esto se recoge en la configuración de la PAC para el próximo período en el pagado redistributivo con el que se pretende beneficiar a las pequeñas y medianas explotaciones frente a las más grandes y, en este ámbito, los representantes de la Xunta defienden que el pago redistributivo tendría que atender a la dimensión media por explotación a nivel nacional, redistribuyendo fondos en favor de las explotaciones que están por debajo de ese promedio. Por su parte, el Estado pretende que el pago redistributivo se aplique por regiones agronómicas y, debido a la falta de datos, no se puede hacer la simulación para calcular lo que le correspondería a Galicia. En este sentido, nuestra comunidad ya advirtió que ese sistema no cumpliría el postulado por Europa y perjudicaría los intereses de los agricultores y ganaderos gallegos.
Así, Galicia también se muestra preocupada por la orientación “mediterránea” que está siguiendo el Ministerio respecto de la futura PAC, en particular en lo que alcanza a aspectos como los ecoesquemas. Por eso, demandan la inclusión de nuevos ecoesquemas adicionales a los propuestos por el MAPA, más adecuados para la España húmeda.
Otro aspecto relevante es la necesidad de que se contemple un trato equitativo en la definición de las superficies con pleno derecho al cobro de la PAC, para el futuro período de aplicación de estas políticas. Así, se advierte que el Estado propone ampliar esta superficie en el conjunto del territorio nacional a nuevos cultivos. De este modo, se ampliaría a cultivos de viñedos, frutos y hortalizas, que se localizan fundamentalmente en el sureste español. Para Galicia, esta cuestión supone un agravio, en la medida en que nuestra comunidad es la que tiene menos superficie admisible con derechos de cobro de la PAC entre las principales regiones agrarias de España.
En lo relativo a la definición de agricultor activo, Galicia defiende que las ayudas vayan a aquellos con una dependencia significativa de sus ingresos agrarios. Además, en relación con las ayudas asociadas, para la Xunta es prioritario que se mantengan para los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino, con una dotación por lo menos semejante al período 2014-2020.
Sobre la limitación de las ayudas por explotación, las comunidades de la Cornisa Cantábrica vienen demandando que se aplique un tope máximo de 60.000 euros. Teniendo en cuenta el contenido final del Reglamento, la petición es que se reduzcan en un 85% las ayudas entre 60.000 y 100.000 euros, y el 100% por encima de 100.000 euros. Hay que recordar que solo 74 explotaciones gallegas superan la cifra de 60.000 euros, de los cerca de 26.000 perceptores gallegos de la PAC.
La Comisión sectorial de Agricultura continua esta tarde, donde se debatirán las propuestas del segundo pilar, relativo al desarrollo rural. En este ámbito, Galicia y la Cornisa Cantábrica defienden que el diseño se haga por cada comunidad autónoma, en función de su realidad, estableciendo los elementos comunes a nivel estatal con un enfoque de abajo “a arriba”. Asimismo, en relación con la cofinanciación, se reclama que se recupere el equilibrio entre las aportaciones del Estado y las de las comunidades autónomas, que se rompió en el actual período.