La Xunta recurrirá ante la justicia la orden estatal del lobo y exigirá que se paralice su aplicación

La Xunta de Galicia recurrirá ante los tribunales la orden ministerial por la que se incluye el lobo ibérico en el Listado de especies silvestres de protección especial (Lesrpe) y pedirá que se adopten medidas cautelares de suspensión que paralicen su eficacia hasta que haya un pronunciamiento final de la justicia.

Así lo anunció esta mañana la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, en una rueda de prensa convocada tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado la orden con la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) modifica el nivel de protección de la especie e incluye también en el Lesrpe todas las poblaciones de lobo al norte del río Duero

Esta decisión, según explicó la conselleira, “no se ampara en ningún estudio científico” y afectará de forma directa a Galicia, una de las principales comunidades loberas de España ya que junto a Asturias, Cantabria y Castilla y León aglutina el 95% de los ejemplares de lobos de todo el país.

“Estamos ante una medida que nos causa sorpresa, frustración e indignación. Es muy triste que por parte de un Ministerio no haya diálogo con las comunidades que a lo largo de muchos años tuvimos nuestros planes específicos de protección del lobo”, declaró Ángeles Vázquez, después de recordar que ayer mismo estuvo en las islas Cíes con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y ninguno de ellos quiso hablar de la situación del lobo.

En este sentido, recordó que la Xunta lleva años gestionando las poblaciones de esta especie en solitario y con éxito, como demuestra el hecho de que desde 2009 cuenta con un plan de gestión propio gracias al cual logró garantizar durante más de una década un equilibrio perfecto entre la protección de estos animales y a la vez, la de los ganaderos.

Sin embargo, la conselleira señaló que, a partir de ahora, “la potestad” que tenían las comunidades y sus planes de gestión “decaen” y por tanto, “los ganaderos y la gente que vive en el rural quedan en una situación muy delicada”.

Así, Ángeles Vázquez destacó el impacto directo que tendrá para este sector la inclusión del lobo en el Lesrpe en condiciones “asimilables” a especies en peligro de extinción como el caballito de mar, el lince ibérico, el zarapito real o el trébol de cuatro hojas, teniendo en cuenta, además, que la Xunta ya no podrá conceder ayudas económicas, como hacía hasta ahora, a las explotaciones afectadas por los daños que causen estos animales.

“Fue el Ministerio para la Transición Ecológica el que quiso tener la potestad sobre el lobo y es el propio Ministerio quien debe solventar las posibles problemáticas o daños que pueda provocar el lobo. La Comunidad queda en un aparte y, tal y como establece la propia orden, solo es para proteger al lobo”, declaró la conselleira, quien añadió que “en peligro de extinción, según el Ministerio, está el lobo, no el ganadero”.

En este sentido, recalcó que la orden señala que su entrada en vigor “no supondrá el incremento de los recursos humanos y económicos” por parte del Estado, algo que “carece de sentido” cuando a partir de ahora las comunidades ya no podrán adoptar determinadas medidas para el control y gestión del lobo en sus territorios y, por tanto, tampoco tendrán el deber de asumir los costes de los daños.

Por todo lo expuesto, la conselleira concluyó que a la Xunta “no le queda más remedio” que acudir a la vía judicial para frenar la aplicación de una orden que, añadió, el Miterd publicó hoy sin previo aviso a las cuatro comunidades loberas que durante un año trabajaron de forma constructiva y haciendo múltiples aportaciones para que esta medida no había sido aprobada.

De este modo, en su recurso contencioso-administrativo —en el que actualmente trabajan los servicios jurídicos de la Consellería—, Galicia exigirá que se adopten medidas cautelarísimas de suspensión de la orden, con el fin de paralizar su eficacia práctica hasta que exista un pronunciamiento definitivo por parte de la justicia.