La Xunta y la Defensora del Pueblo renuevan su colaboración para divulgar las medidas que permitan a las familias mantener sus hogares

La Xunta y la Defensora del Pueblo mantienen un año más su colaboración para divulgar e informar de las medidas del Gobierno gallego que permitan a las familias mantener sus hogares.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la defensora, María Dolores Fernández Galiño, renovaron hoy el convenio de colaboración que tiene por objetivo intercambiar información de forma ágil y fluida sobre las personas afectadas en Galicia por procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago.

Ángeles Vázquez agradeció el apoyo de esta institución -que desde 2015 colabora con el Instituto Galego da Vivenda e Solo- por brindar protección y proporcionar respuesta a las necesidades sobre todo de las personas más vulnerables a nivel social, dando a conocer las medidas orientadas a procurar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna e idónea.

En esa línea, la conselleira destacó que el presupuesto en materia de vivienda para el año 2022 tiene por objetivo facilitar la emancipación de las personas jóvenes; hacer más social el parque de vivienda, para apoyar a las personas que tienen mayores dificultades; y seguir apoyando las actuaciones en materia de rehabilitación.

A modo de ejemplo, citó dos medidas nuevas que impulsará su departamento, como la concesión de avales —por parte de la Xunta— a los menores de 35 años para la compra de la primera vivienda en propiedad, una nueva línea de actuación que se convocará con un presupuesto inicial de 5 millones de euros, para conceder avales de un 15% del crédito.

Otra de las medidas que se impulsará el próximo año, en colaboración con la Consellería de Política Social, está dirigida la aquellas personas en situación de exclusión que reciben atención de entidades de servicios sociales, a los que se les sufragará los gastos del alquiler.

El encuentro también sirvió para trasladar a la defensora que Galicia analizará ahora el texto de la Ley de vivienda –que ayer fue aprobada en la reunión del Consejo de Ministros-, pues hasta el momento no tenía información del misma, a pesar de que se solicitó el texto y la celebración de una conferencia sectorial para conocer los principales puntos de esta normativa, cuya competencia recae en las comunidades.

Lamentó la actitud del Gobierno central ante una cuestión tan seria e importante como es la vivienda y denunció la falta de respeto institucional del Estado no solo con Galicia, sino con el conjunto de las regiones; y mismo con las entidades locales, que deberán ser las que ejecuten el anunciado incremento del IBI a las viviendas vacías.