La Xunta anima a la Fegamp a sumarse al frente autonómico impulsado por Galicia para reclamar seguridad jurídica en la planificación urbanística

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2022.- La Xunta invitó hoy al municipalismo gallego a sumarse al frente común impulsado por Galicia y a la que ya se unieron otros 14 gobiernos autonómicos con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en todos los instrumentos de planificación urbanística y ordenación del territorio que se promueven en el conjunto del país.

Este fue el punto principal de la reunión que mantuvieron hoy la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, con el presidente, Alberto Varela, y los tres vicepresidentes de la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp): Alfonso Villares, Secundino García y María Barral.

Tras subrayar la importancia que tiene el desarrollo urbanístico para el progreso de los ayuntamientos y el propio bienestar de su vecindario, la conselleira abogó por unir esfuerzos entre las distintas administraciones públicas y los principales sectores profesionales vinculados al sector para seguir avanzando hacia un “urbanismo responsable”.

El objetivo principal del frente común liderado por Galicia, según explicó, es reclamar al Gobierno central las medidas necesarias para solucionar los problemas que se derivan de la anulación de un instrumento de ordenación municipal y, más concretamente, que impulse una reforma legislativa a nivel estatal para evitar la nulidad radical de los PGOM cuando incurran en vicios de procedimiento fácilmente subsanables.

Por el momento, Ángeles Vázquez confirmó que 15 gobiernos autonómicos —además de Galicia, los de Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura, Andalucía, Valencia, Ceuta y Melilla— firmaron ya el llamado Manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico, un documento consensuado en el marco del Encuentro autonómico Xacobeo 21-22 por un urbanismo responsable que se celebró en Santiago de Compostela a finales del pasado mes de marzo.

Además, esta semana también se sumaron al manifiesto el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y la Asociación de Arquitectos Urbanistas, dos colectivos de gran relevancia en el ámbito del urbanismo y a los que, según avanzó la conselleira, pronto podrían sumarse otros organismos como el Consejo Superior de Arquitectos de España o las asociaciones más representativas de los ingenieros, abogados, notarios y registradores.

En el referido manifiesto, las regiones y colectivos que reclaman una Ley estatal por la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico y territorial coinciden en lamentar que cuando un plan general queda anulado por la Justicia, los ayuntamientos tienen que comenzar la tramitación desde el principio, lo que supone echar por tierra años de trabajo y deber a la vez a las entidades locales a movilizar de nuevo medios y recursos públicos para corregir deficiencias que, en muchas ocasiones, podrían resolverse con procedimientos sencillos.

Además, toda vez que cuando se dictan este tipo de sentencias el plan puede llevar años vigente, la nulidad tiene también efectos muy perjudiciales sobre las inversiones y proyectos amparados bajo la ordenación que decae, al quedar paralizados.

Toda esta situación, como explicó la conselleira, genera una inseguridad jurídica creciente, toda vez que en los últimos años las sentencias anulando PGOM por vicios formales que no afectan al contenido fundamental del documento crecieron “de forma exponencial”.

La propuesta autonómica de una ley para garantizar la seguridad jurídica en este ámbito, añadió, permitiría resolver la incertidumbre que existe en estos casos, como ya sucede con otras decisiones reglamentarias pero no con aquellas relacionadas con el urbanismo.

Por eso y tras señalar que Xunta y Fegamp “comparten la preocupación” por buscar soluciones que eviten las consecuencias indeseables de la anulación de un planeamiento, Ángeles Vázquez se mostró convencida de que en ese camino encontrarán el apoyo del órgano de representación del municipalismo gallego, defendiendo la necesidad de fortalecer la cooperación entre administraciones en el ámbito de la ordenación del territorio y contribuir a conseguir un urbanismo responsable, dinámico y con una tramitación unificada en todo el país.