La Xunta alerta de que la cadena mar-industria de Galicia está amenazada por decisiones del Gobierno central como la que en Cambados pone en riesgo tres depuradoras y 300 empleos

La conselleira del Mar en funciones, Rosa Quintana, visitó hoy las depuradoras Mariscos Linamar y Mariscos Daporta en el puerto de Tragove, en Cambados, para analizar la situación en la que se encuentran tras el informe emitido por Costas del Estado que cuestiona su continuidad en terrenos portuarios. Su situación, aseveró, viene a confirmar lo que el Ejecutivo gallego lleva denunciando desde 2019, que las decisiones del Gobierno central en este sentido ponen en riesgo el futuro de la cadena mar-industria de Galicia. Solo en este caso, en el del puerto de Tragove, se ven afectadas tres depuradoras -estas dos y otra más- y alrededor de 300 empleos.

“Todo aquello que llevamos diciendo desde el año 2019 y por lo que nos llamaban alarmistas, vemos que es una realidad. Decíamos que venía el lobo y nos acusaban de mentir, pero  vemos que el lobo ya está aquí”, lamentó la titular de Mar en funciones, que le trasladó a los responsables de las dos empresas su apoyo y que la comunidad autónoma va a trabajar en la defensa de sus intereses.

La representante de la Xunta le pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que no aplique agravios comparativos con Galicia y dé seguridad jurídica a las empresas del sector para que puedan desarrollar sus proyectos. En este sentido, incidió en que las consideraciones del Ejecutivo estatal sobre el plan especial de Cambados parecen invadir competencias exclusivas de Galicia.

La interpretación que hace el Gobierno central -que cuestiona la presencia en terrenos portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como la acuicultura y la depuración de productos del mar- ponen en riesgo unos 300 puestos de trabajo solo en las tres depuradoras afectadas del puerto de Tragove y amenaza otras instalaciones sociales -como el centro de salud, la estación de autobuses o la futura plaza de abastos- localizadas en las cercanías.

Extrema gravedad

Rosa Quintana destacó que se trata de un asunto de extrema gravedad pues el mismo problema puede reproducirse en muchos de los 122 muelles autonómicos con los que cuenta Galicia, lo que dejaría en el aire la continuidad de numerosas instalaciones del complejo mar-industria y de edificaciones de carácter social como centros de salud, colegios, plazas de abastos o incluso inmuebles de instituciones dependientes de la Xunta o de la Administración General del Estado.

La conselleira del Mar en funciones también aclaró que la situación vivida en la actualidad con el plan especial de Cambados no tiene nada que ver con la inscrita en 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy emitió un informe inicial desfavorable a ciertos usos que se estaban dando en terrenos portuarios de Cambados que Portos de Galicia rebatió, lo que permitió aprobar la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. De este modo, se mantuvieron los usos preexistentes y se aprobó la DEUP sin que fuera recurrida, por lo que el Estado respetó las competencias de la comunidad autónoma.

Ahora, incidió la representante de la Xunta, el informe de costas del Estado pretende aplicar la Ley de espaldas nos terrenos portuarios por lo que va en contra de la Ley de Portos de Galicia -vigente desde 2018-, del Estatuto de Autonomía de Galicia y de la propia DEUP. De este modo, el Gobierno central estaría invadiendo competencias de Galicia, cosa que no se hizo en 2013, algo que Rosa Quintana calificó como un nuevo ataque, inaceptable y desleal, al complejo mar-industria de Galicia.

La representante del Ejecutivo autonómico, que estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y por el director de Portos de Galicia, Roi Fernández, incidió en que este tipo de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico generan inseguridad jurídica en el sector. Se trata de interpretaciones, añadió, que ponen en entredicho el desarrollo de actividades tradicionalmente presentes en los puertos, lo que dificulta la planificación de las empresas para hacer inversiones y que muchas se vean obligadas a cerrar porque su actividad es inviable técnica y económicamente.     

La titular de Mar en funciones reiteró que el caso de Cambados viene a constatar lo que la Xunta lleva denunciando desde hay más de tres años, la voluntad del Gobierno central de retirar de la línea de costa más de un ciento de empresas y otras 4.000 edificaciones, entre ellas algunas de carácter social. De hecho, lo intentó con la nueva Ley de Cambio Climático -que fue recurrida por la Xunta ante el Tribunal Constitucional-, con la modificación del reglamento general de espaldas, que está tramitando, y también con las interpretaciones restrictivas y arrogándose competencias que no son suyas en el caso de las instalaciones asentadas en los puertos.

Otros ataques

Rosa Quintana recordó que a los atrancos puestos por el Gobierno central en las prórrogas de las concesiones de los establecimientos asentados en la línea de costa y a las interpretaciones restrictivas de la normativa se añaden otros ataques contra el complejo mar-industria de Galicia como el recurso al Plan general de explotación marisquera 2021-2023. “Por primera vez desde 1991 recurrieron algo para lo cual tenemos competencias exclusivas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia los dio la razón con una sentencia muy bien fundamentada y el Gobierno central volvió a recurrir poniendo en riesgo una explotación marisquera -con unos 9.000 profesionales afectados- que es un modelo a seguir en la Unión Europea”, censuró.

La conselleira del Mar en funciones, que recientemente mantuvo un encuentro con representantes del complejo mar-industria de Galicia para analizar este asunto, aseguró que la Xunta no va a escatimar esfuerzos con el objetivo de velar por la actividad de unas empresas vitales para las villas costeras y para el conjunto de la economía de Galicia.