El secretario general de Universidades, José Alberto Díez de Castro, participa en Madrid en la Conferencia General de Política Universitaria
La Xunta lamenta que la nueva Ley de universidades siga sin solucionar los problemas estructurales y pueda generar desigualdades en el sistema
El Gobierno gallego asegura que la última versión del texto que el Gobierno Central quiere elevar a Consejo de Ministros sigue sin tener en cuenta propuestas de mejora sobre aspectos como la gobernanza, la financiación, los contratos de trabajo y la investigación
Denuncia que el Ministerio continúe hacia delante con una ley que fue elaborada sin contar con el apoyo de los agentes implicados y que, por tanto, “es una oportunidad perdida para lograr un texto de consenso que perviva en el tiempo”
En cuanto a los requisitos de financiación universitaria propuestos en el texto, recuerda que Galicia ya cumple “de sobra” con ellas, puesto que cuenta con un Plan de Financiación consensuada que moviliza 3.200 M€ hasta 2026
En materia de gobernanza critica la "dejación de funciones” del Ministerio lo que puede provocar una multitud de regulaciones en todo el territorio del Estado
El secretario general de Universidades, José Alberto Díez de Castro, participó hoy en Madrid en la Conferencia General de Política Universitaria, convocada para analizar el texto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario impulsado por el Gobierno del Estado. En su intervención, el representante de la Xunta de Galicia volvió a lamentar -como ya lo había hecho en la reunión del pasado noviembre- que el Gobierno del Estado siga adelante con una norma elaborada a espaldas de los agentes implicados y que no da respuesta a ninguno de los problemas estructurales de las universidades españolas y que puede generar desigualdades en el sistema a nivel estatal.
“En general -explicó el secretario general de Universidades- no se incluyen modificaciones sustanciales en un texto que adolece de una falta de modelo global y valiente que lleve a la universidad española a los niveles de prestigio y de calidad que le corresponden”. Alertó además de que “la desregularización de temas de gran importancia como son la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de figuras contractuales en el personal docente puede dar lugar a desigualdades no deseables” en el Sistema Universitario Español.
Así pues, Díez de Castro denuncia "la oportunidad perdida para conseguir una ley con vocación de pervivencia” que debería ser diseñada contando con las aportaciones del conjunto de la comunidad universitaria.
Financiación
En lo que respecta a la financiación de las universidades, el representante de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades explicó que Galicia ya cumple “de sobra” con los requisitos establecidos en el texto de la ley (financiación estructural, por objetivos y necesidades singulares) con planes quinquenales, un modelo de necesidades estructurales de docencia e investigación, un panel de indicadores e I+D+i. De hecho, recordó el consenso conseguido en la elaboración del Plan de Financiación Universitaria de Galicia 2022-2026, un documento acordado entre las partes que movilizará más de 3.200 M€ en el próximo quinquenio, la mayor aportación de la historia de la Xunta de Galicia a las universidades públicas.
No obstante se mostró muy escéptico con el mandato normativo de establecer un mínimo del 1% del PIB a la educación universitaria pública en España sin que lleve aparejado ningún compromiso de apoyo financiero por parte del Estado. Subrayó, además, que la dependencia financiera de las aportaciones autonómicas “es muy fuerte, mientras que la dependencia del Estado es anecdótica”.
Gobernanza
En materia de gobernanza, Galicia lamenta la "dejación de funciones” del Gobierno del Estado en este ámbito, lo que puede provocar una heterogeneidad de regulaciones en todo el territorio, así como la eliminación de la propuesta inicial de reducción el número de miembros del Claustro, del Consejo de Gobierno y del Consejo Social.
Por el contrario, la Xunta defiende -siguiendo las recomendaciones de los expertos y la dinámica de los sistemas universitario europeos- un modelo más gerencial, con un mayor liderazgo individual y reducción de los órganos de gobierno, que asegure la capacidad de gestión de los futuros equipos rectorales. También se insistió en la necesidad de incorporar una representación de la comunidad autónoma al Consejo de Gobierno.
Centros de investigación y personal
En lo que respecta al ámbito de la investigación, José Alberto Díez de Castro tachó el texto de "inmovilista" y que no responde a la dinámica modernizadora de todos los organismos universitarios que se dedican a la investigación, que reclaman estructuras más flexibles y especializadas.
En cuanto al profesorado, el texto tampoco aporta mejoras en los procesos de acceso y promoción de los cuerpos docentes, que resulta básico para mejorar la calidad del sistema.
Finalmente, el representante de la Xunta denunció la falta de transparencia a lo largo de todo el proceso de tramitación de la nueva ley de Universidades, sin mesas de trabajo que posibilitasen discusiones en abierto, lo que “compromete una visión global de futuro donde prevalezca el interés general”.
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