La Xunta destaca la importancia de la continuidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género después de que Galicia solicitase su prórroga

La secretaria general de la Igualdad, Susana López Abella, participó hoy en Santa Cruz de Tenerife en la Conferencia Sectorial de Igualdad en lo que valoró de manera positivo la aprobación por unanimidad, con la abstención de Asturias, de la prórroga del Pacto de Estado contra la violencia de género después de que así lo había Solicitado Galicia.

López Abella  recordó que en la Conferencia Sectorial celebrada en febrero mostró la preocupación de la Xunta por la continuidad de estos fondos que finalizan este año ya que, luego, el Gobierno Central no había confirmado su permanencia. Así, en esa reunión y, a petición de Galicia, se acordó avanzar en la renovación de este Pacto; y en una reunión posterior, celebrada a finales de marzo, se abordó el inicio de los trabajos para la ampliación, mejora y renovación de los acuerdos e instrumentos presupuestarios y administrativos de este Pacto y la continuidad de los proyectos vinculados, quedando constituido un grupo de trabajo que se creó también la petición de la comunidad gallega. La primera reunión de esta mesa tuvo lugar el pasado 7 de junio.

La secretaria general de la Igualdad destacó que para el Gobierno gallego, este Pacto de Estado es un instrumento eficaz para coordinar las políticas para luchar contra esta lacra social, un eje prioritario para la Administración autonómica gallega que, por eso, y tal y como recalcó López Abella, incrementó este año su presupuesto en un 22% hasta los casi 18 millones de euros.

Galicia, a través del Pacto del Estado, está gestionando 40 millones de euros que se repartieron en cinco anualidades (2018-2022). Para este año cuenta con cerca de ocho millones de euros para seguir desarrollando las medidas previstas. En 2021, a través de estos fondos, se pusieron en marcha dos nuevas actuaciones: el programa para impulsar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género por entidades sin ánimo de lucro y los incentivos a la movilidad geográfica para las víctimas. Son dos iniciativas que se circunscriben en el apoyo del Gobierno de la Xunta la que las víctimas consigan una independencia económica, ya que lo considera clave para garantizar que las mujeres en situación de violencia de género consigan una mayor estabilidad personal, social y laboral y la puerta que les va a permitir salir del círculo de la violencia y lograr esa independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr su plena recuperación.

Galicia, además, es pionera, en el marco del Pacto, en el apoyo integral a menores que quedaron huérfanos a causa de los actos de violencia machista, da cobertura económica y social a las víctimas gravemente heridas, organiza turnos de guardia para la atención psicológica y social e incorporó trabajadores sociales a las siete oficinas de atención a las víctimas en juzgados.

Entre las medidas incluidas en el Pacto se encuentran también acciones para la sensibilización y prevención de la violencia, la coordinación en la respuesta institucional a las víctimas -con especial vigilancia para sus descendientes menores de edad-, configuración de estadísticas o visibilidad de otras formas de violencia que pueden afectar a las mujeres.

Catálogo de servicios

La Xunta, en palabras de López Abella, trabaja por una Galicia inclusiva, igualitaria, respetuosa, justa y democrática y, por eso, considera clave a continuidad del Pacto de Estado contra la violencia de género, un acuerdo que se adopta por unanimidad después de que el Ministerio había aceptado las condiciones fijadas por las comunidades y había flexibilizado su postura, ya que en un inicio su propuesta para la renovación de este Pacto se basaba en un plan concertado con cofinanciación por parte de las comunidades.

La secretaria general, para finalizar, valoró como positivo también el acuerdo adoptado para elaborar un catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres, ya que se desarrollará entre las comunidades autónomas y el Estado y se actualizará periódicamente.