Galicia pide la revisión completa y dialogada de la Ley de Pesca sostenible para dar seguridad jurídica al sector y una respuesta idónea a sus necesidades

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, compareció hoy en el Congreso de los Diputados para exponer las propuestas y demandas gallegas sobre el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera del Estado, donde pidió una revisión completa y dialogada del texto para que dé seguridad jurídica al sector y una respuesta idónea a sus necesidades.  

La representante del Ejecutivo gallego subrayó que no es el momento más oportuno -en plena crisis por la covid-19, los precios de los combustibles y la guerra en Ucrania- para abordar una reforma normativa de este callado, pero expuso que Galicia siempre apostó por la *cogobernanza con el sector y que esta nueva ley debería haber ahondado más en este ámbito.

De hecho, Rosa Quintana recordó que la comunidad cuenta con una propuesta de dictamen del Consejo Gallego de Pesca que recoge las principales reivindicaciones del sector pesquero gallego y que, en las sugerencias, coincide en buena medida con las trasladadas por el Consejo de Estado en su informe sobre el borrador de ley. Esas demandas de la propuesta de dictamen del Consejo Gallego de Pesca son las que expuso la conselleira en su intervención.

En las cuestiones generales de la norma, la titular de Mar desgranó aquellos aspectos que pueden debilitar la gestión y ordenación del sector marítimo-pesquero como la falta de concreción y seguridad jurídica de la propia ley, a pesar de ser uno de los objetivos que se había marcado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la hora de iniciar su redacción.

En este sentido, echó en falta que ciertos criterios de decisión estén detallados en el texto, puesto que la nueva ley deberá convivir con la anterior, lo que puede generar mayor dispersión normativa y falta de claridad, como ya advirtió el Consejo de Estado. En esta línea, lamentó que no haya mayor detalle en aspectos como la promoción del relevo generacional, la adecuación al cambio climático o el apoyo a la cogobernanza de la actividad.

Oportunidad

La representante de la Xunta también incidió en que -aún reconociendo la necesidad de actualizar una norma que tiene dos décadas de vida- el momento actual no es el más idóneo para replantear una ley de este calado. En los últimos años el sector se vio obligado a afrontar las dificultades derivadas de la pandemia por la covid-19 y ahora las operativo-económicas por el encarecimiento de la energía, de las materias primas y la guerra en Ucrania.  

En el mismo sentido, la conselleira mostró sus dudas sobre la oportunidad de renovar la ley estatal de pesca a escasos meses de que -a pesar de las reticencias de la Comisión Europea- se aborde la revisión de la Política Pesquería Común (PPC), cuestión que España apoya. Galicia, recordó, cuenta también con un dictamen del Consejo Gallego de Pesca con sus reivindicaciones en este ámbito, unas cuestiones que tampoco están recogidas, o no en la medida idónea, en la nueva normativa estatal.

El análisis gallego del texto bota en falta además una mayor coordinación en la labor de las distintas administraciones, velando por la no invasión de competencias de las comunidades autónomas, y contenido que realce la investigación pesquera. A pesar de que este aspecto está citado directamente en el título de la norma, su desarrollo es escaso y apenas aumenta la coordinación o integración del sector en la consecución de mejor información y base de actuación para la ciencia.

En cuanto a cuestiones de contenido, Rosa Quintana lamentó la ausencia de equilibrio en la ley entre los aspectos ambientales, económicos y sociales, premisa que recoge la propia PPC. La norma elaborada por el Gobierno central recoge en su exposición de motivos diez veces más contenido sobre la función ambiental que sobre la socioeconómica.

El sector pesquero gallego también discrepa en gran medida de los preceptos sobre la regulación de las cuotas individuales o derechos de pesca y advierte de que introducir cambios en el modelo actual de manera poca rigurosa puede suponer riesgos para la seguridad jurídica de los armadores, de la operativa de los barcos y de todo el tejido productivo vinculado a ellos.

En esta línea, Galicia cuestiona que el texto deje abierta la posibilidad de que se puedan modificar los repartos de cuotas individuales ya realizadas así como las de posibilidades de pesca adicionales de una determinada especie. Así, considera necesaria la incorporación de mecanismos que impidan la acumulación de cuotas y su uso de manera meramente mercantil y especulativo y propone fórmulas para evitarlo como la limitación del porcentaje total a disponer por un buque o acotar temporalmente la cesión de cuotas una vez retirado un buque de la actividad.

La titular de Mar abogó por la realización de estudios conducentes a conocer las causas reales que llevan a la existencia de excedentes de cuotas que no aboquen al sector pesquero la situaciones monopolísticas que chocarían con la libre competencia.  

Reserva cuotas

Rosa Quintana también advirtió de la oposición de la flota gallega a los mecanismos de reserva de cuotas incluidos por el Estado al considerar que el límite del 10% de las cuotas es excesivo, por lo que aboga por situarlo entre el 3% y el 5% para reducir el impacto de esta medida en el sector. En este sentido, la Xunta encargó la elaboración de un informe jurídico sobre la consideración y los derechos de pesca como bien demanial, puesto que esa reserva supone dejar congelado un potencial rendimiento económico considerable.

Otro de los asuntos en los que Galicia considera necesario realizar una revisión es en los coeficientes reductores para la jubilación de los profesionales del mar, por considerar insuficientes las mejoras introducidas. La comunidad defiende que la modificación de los coeficientes reductores debería realizarse en una norma específica y hacer una revisión general de la aplicación de los coeficientes así como su intensidad en cada segmento de flota o actividad.

La conselleira concluyó incidiendo en la importancia y complejidad de elaborar un texto legal de este callado, por lo que ofreció toda la colaboración del Ejecutivo gallego y del sector de la comunidad para trabajar de manera constructiva a favor de una normativa acorde a las necesidades y que permita avanzar en la cogobernanza y cogestión de los recursos marinos.