Villares defiende la revisión de la política pesquera común como prioridad en la agenda europea con el fin de garantizar el futuro del sector

Burela, 8 de mayo de 2024

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, aboga por conseguir que la revisión de la Política Pesquera Común se convierta en una prioridad en la agenda europea con el fin de garantizar el futuro y la sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad pesquera. Así lo trasladó el responsable autonómico durante la inauguración de las XXXI Jornadas Técnicas de Expomar, que coinciden con el XXV Encuentro Empresarial de Organizaciones Pesqueras, y que desde hoy hasta mañana reúnen en Burela a las entidades más representativas del sector a nivel nacional.

Durante su intervención, Villares hizo un llamamiento "a la reflexión conjunta", pues la convocatoria de las elecciones europeas, "los tiene que llevar a demandar a los nuevos representantes de los Estados miembros una Europa pesquera más fuerte". "La pesca tiene futuro y estas jornadas nos ayudan a dar luz y deben servir para adoptar las mejores decisiones", dijo. "La clave está en repensar Europa desde una Galicia unida", añadió.

En este contexto, destacó que, con el proceso electoral, se abre la oportunidad y la responsabilidad de atender las demandas de todas sus cuencas marítimas y comenzar un debate político transparente que debería conducir a una nueva PPC, en la que se reequilibren sus pilares sociales, económicos y ambientales. Lo contrario, explicó, "seguirá suponiendo un peligro para la supervivencia de parte de nuestra flota pesquera".  Como ejemplo citó la pesca de fondo: "una decisión arbitraria y sin estudios por parte de Bruselas".

Apoyo al sector

A este respecto, destacó que Galicia fue clara y crítica desde antes de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución a finales de 2022, ya que esta decisión lleva año y medio afectando de forma indiscriminada al arrastre y al palangre de fondo; hecho que provocó que fuera recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la OPP-7 de Burela, con un recurso amparado por la Xunta de Galicia como parte coadyuvante, y que cifró el impacto para la flota afectada en cerca de 350 millones de euros y para el conjunto de la economía gallega en 816 millones de euros.

"Denunciamos que carecía de soporte científico y que obviaba su impacto socioeconómico al no sustentarse en ningún informe que analizara previamente los efectos que la prohibición traería consigo en este ámbito", resaltó. Además, el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la alta institución comunitaria admitía que podría tener subestimado los impactos negativos del cierre de los ecosistemas marinos vulnerable.

Hoy este órgano ve imprescindible conocer la opinión del sector sobre los impactos generados por la adopción de esta decisión, ya que esto proporcionaría una imagen más fiel a la realidad al poder evaluar el ámbito socioeconómico; especialmente, porque el escenario actual es incierto y toda vez que la recomendación de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar apuesta por incrementar los cierres, con cinco posibles opciones para clausurar entre 102 y 115 caladeros.

Según el conselleiro do Mar, hace falta apostar por la renovación estructural actual de la Comisión Europea para robustecer la voz del sector, creando un comisariado específico y que permita ahondar en la cogobernanza con el sector en la nueva PPC, con el fin de garantizar una mayor participación de los representantes de la actividad pesquera, de las regiones y de los organismos científicos en el proceso de tomas de decisiones. Por eso y, con el fin inminente del mandato del Comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, "tenemos que tener más presente que nunca estas elecciones en las que el sector pesquero se juega mucho. Es urgente un cambio político y legislativo para potenciar la actividad del sector", concluyó.