La Xunta solicita al Estado el traspaso de las funciones y servicios necesarios para poder asumir la gestión completa de su litoral

Santiago de Compostela, 13 de mayo de 2024

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello acordó hoy "iniciar los trámites" para solicitar formalmente al Estado "el traspaso de los medios materiales y personales" a Galicia para poder "ejercer las competencias" en materia de ordenación del litoral que tiene atribuidas por su Estatuto y que fueron "ratificadas por el Tribunal Constitucional".

El objetivo es superar la actual situación en la que el Gobierno central sigue ejerciendo un papel que no le corresponde en esta materia. Para eso, tal y como explicó Rueda, la Xunta va a solicitar al Ejecutivo central "que inicie este procedimiento a través de la Comisión Mixta de Transferencias", órgano paritario "integrado por representantes de ambas administraciones" y que será el que adopte el acuerdo de traspaso, que deberá ser aprobado mediante Real Decreto.

Hace falta recordar que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló por unanimidad la validez y el contenido de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia en una sentencia aprobada el pasado 23 de abril que reconoce también las competencias exclusivas de la Comunidad con relación a la materia que se regula en esta norma.

Apenas tres semanas después y con el fin de poder empezar a aplicar en la práctica la ley, el Gobierno autonómico dio hoy un paso clave al acordar solicitar la transferencia de las funciones y servicios de la Administración General del Estado en materia de ordenación y gestión del litoral. "Esperamos que el traspaso sea rápido para poder hacer efectiva la normativa lo antes posible", indicó el presidente.

La sentencia del TC avala que Galicia no se extralimitó en sus competencias ni invadió las estatales en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). En este sentido, considera que la Comunidad, que ya dispone estatutariamente de la competencia exclusiva para la ordenación del territorio y del litoral, podrá asumir también la gestión de los títulos para el uso y la ocupación de esta franja costera sin modificar su Estatuto, ya que se trata de una de las facultades de carácter ejecutivo que forma parte de esa competencia.

Esto incluye, particularmente, la función para el otorgamiento y, consiguintemente, también la prórroga, modificación y extinción de las autorizaciones y concesiones previstas en la normativa de costas en la parte del litoral sobre la que Galicia tiene competencias.

De hecho, la Ley del litoral gallega prevé y regula el otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, fijando a tal fin un procedimiento integrado para la concesión de estos títulos y también la creación de un registro de autorizaciones y concesiones. 

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, sin embargo, impidió la aplicación de este y de otros preceptos clave de la norma gallega, que quedó bloqueada en la práctica durante más de seis meses.

La reciente resolución del TC, por lo tanto, supone un reconocimiento expreso de la competencia autonómica sobre la gestión de los dichos títulos y hace necesario proceder lo antes posible al correspondiente traspaso a Galicia de los medios y servicios de la Administración estatal para que pueda ejercer todas las facultades y funciones ejecutivas relacionadas con la ordenación del litoral y completar así el proceso de transferencia de las competencias sobre la costa iniciado hace ya más de 40 años.

Pionera en regular la costa en toda su extensión

Con la aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, en julio de 2023, Galicia se convirtió en la primera comunidad española en regular por ley la franja costera en toda su extensión, es decir, tanto mar a dentro como tierra a dentro.

Partiendo de la consideración de la costa desde una triple perspectiva (social, ambiental y económica), la norma establece una nueva zonificación de esta franja, con tres grandes áreas diferenciadas en función de su estado de conservación y de las necesidades particulares, al tiempo que concreta los usos permitidos y prohibidos en el litoral.

La normativa también delimita las actuaciones y usos estratégicos que permitirán su asentamiento y la ocupación de la costa y con ella se da un paso adelante decisivo para que Galicia pueda asumir, al fin, el autogobierno pleno sobre los suyos más de 2.500 kilómetros de costa, en los que trabajan alrededor de 40.000 personas de la cadena mar-industria y que genera 9.000 millones de euros anuales, cerca del 5% del PIB de Galicia.