Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2024

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, apoya las demandas del sector pesquero gallego y reclama al Gobierno central cambios en la política de cuotas pesqueras que permita garantizar la sostenibilidad medioambiental de los caladeros así como la viabilidad económica de la actividad pesquera. Así, el responsable autonómico pone en valor la actuación del Gobierno autonómico en defensa de los intereses de la pesca gallega con la presentación de alegaciones a las resoluciones de la Secretaría General de Pesca en las que se recogían propuestas concretas que permitían mejorar el reparto de TACs actual.

El conselleiro do Mar recuerda que el reparto de cuotas acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea a finales del año pasado fue una oportunidad perdida, especialmente si tenemos en cuenta que en ese momento España ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. "Así lo manifestamos en Bruselas durante las negociaciones que no supuso ninguna mejora a la propuesta inicial de la propia Comisión", explica. De este modo, no hubo ninguna reversión de los recortes en las capturas en especies de gran interés para la flota gallega como pueden ser el jurel, el abadejo o la raya, entre otras.

En esta línea, destaca que desde Galicia se realizaron alegaciones a comienzos de año a las resoluciones de la Secretaría General de Pesca frente a estos recortes reclamando poder acumular cuotas de varias zonas además de la propia flexibilidad de las 8C (de Fisterra para arriba y el Cantábrico) y 9A (Fisterra hacia abajo). La ya exigua cuota de abadejo fijada para los años 2024 y 2025 de 70 toneladas para la zona 8C se reduce por el rebasamiento en el 2023 de las posibilidades de captura en sólo 55,7 toneladas. Con el objetivo de limitar el impacto en la flota gallega, se alegó ante el Ministerio que la resolución apunta que, en base a la evolución de los consumos, se podría añadir el porcentaje que se determine de la cuota de España de zonas como la 9A, respetando las necesidades de la flota autorizadas en esas zonas. Es decir, la acumulación de ambas posibilidades de pesca para derivar cuotas de abadejo no consumidas en otras zonas.

Alfonso Villares resalta que desde la Administración autonómica se lleva tiempo trabajando en una propuesta que lleve a racionalizar la determinación de TAC y cuotas sobre especies que pueden ser estranguladoras de la actividad pesquera y no tienen peligro real de colapso de las poblaciones. Así, resaltó que la Xunta presentó informes que reflejan el impacto económico de los recortes en las capturas de otra especie importante para los intereses gallegos como el jurel que alcanzó los 11 millones de euros, por lo que desde Galicia se reclama un análisis por zonas de la situación del recurso para permitir abrir la pesquería en algunas áreas. Cabe recordar que el año pasado se consumió menos del 60 % de la cuota que se podía pescar por parte de la flota gallega de artes menores, quedando sin utilizar cerca de 33.000 kilos.

Desde la Xunta se critica que se cargue en los ajustes constantes a la actividad de la flota la mejora del estado con los caladeros comunitarios a pesar de los indicios de sostenibilidad medioambiental que después no tienen traslado efectivo a la propia actividad pesquera. También se reclama una revisión de la implantación de TAC plurianuales siguiendo pautas de equilibrio  y no la baja así como que estas sean debatidas con las CC.AA. con el objetivo de aportar datos que permitan alzas y nuevos ajustes.