Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2024

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzó hoy que la Xunta reducirá la complejidad de los trámites de las instalaciones ganaderas a través de la futura Ley de administración ambiental simplificada.

Durante una reunión que mantuvo con representantes de la Federación Gallega de Porcino y de la Asociación Gallega de Avicultura de Posta para abordar el contenido y los principales objetivos de la norma, la conselleira subrayó la importancia que tendrá para el sector ganadero a la hora de impulsar y desarrollar nuevas iniciativas y proyectos en la comunidad.

Este encuentro, precisamente, se enmarca dentro de la ronda de contactos iniciada a finales del pasado mes de octubre con el fin de consensuar el documento inicial con los principales sectores, colectivos profesionales y entidades que, por su actividad o finalidad principal, puedan verse afectados directa o indirectamente por la futura ley.

Una vez superada la fase de consulta pública previa, que finalizó el pasado 1 de septiembre, la conselleira explicó que el próximo paso será abordar la redacción del borrador normativo, para lo cual continuará convocando a otras entidades para conocer su opinión con el fin de recopilar ideas y buscar una postura de consenso.

En este sentido, Ángeles Vázquez subrayó la importancia de que las entidades tengan la oportunidad de exponer los problemas que creen que la norma puede resolver para garantizar que responda a las demandas y necesidades de los principales implicados.

Los encuentros se prolongarán a lo largo de noviembre y diciembre con el objetivo de contar con un primer borrador de la norma este mismo año y remitir el proyecto al Parlamento para su aprobación en 2025.

Cabe recordar que con la Ley de administración ambiental simplificada, la Xunta aspira a situar Galicia en una posición de vanguardia a través de la aprobación de uno de los ordenamientos ambientales más modernos e innovadores de todo el país, que garantice y ofrezca a la vez la seguridad jurídica que exigen en este ámbito tanto los promotores como las administraciones.