La secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y la directora general de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Legislativo se reunieron con representantes estatales
La Xunta logra que el Gobierno central rectifique su postura inicial sobre el traspaso de la gestión del litoral e incluirá las demandas gallegas en una nueva propuesta
El Gobierno central retira la exigencia de un informe vinculante del Estado cada vez que la Xunta pretenda otorgar una concesión para obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre, una cuestión que beneficiará también al resto de las comunidades autónomas litorales
El Ministerio de Política Territorial asume el nuevo escenario abierto tras la aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia y la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló su legitimidad
Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 2024
La Xunta logra que el Gobierno central rectifique su postura inicial sobre el traspaso a la Comunidad de las funciones, servicios y medios necesarios para asumir la gestión completa del litoral e incluirá las demandas gallegas en una nueva propuesta.
Después de una reunión celebrada hoy de manera telemática, la secretaria general Técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, y la directora general de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Legislativo, Isabel Concheiro, pusieron en valor que el director general de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Rafael Brief, admitiera las consideraciones propuestas por la Administración autonómica al borrador de acuerdo remitido por el Ejecutivo central el pasado mes de octubre sobre esta cuestión.
En esa línea, hicieron hincapié en que el Gobierno central retira la exigencia de un informe vinculante del Estado cada vez que la Xunta pretenda otorgar una concesión para obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), requisito que supondría una clara injerencia estatal sobre las competencias autonómicas. En ese sentido, Carmen Bouso e Isabel Concheiro incidieron en que esta cuestión beneficiará al resto de las comunidades autónomas del litoral.
A mayores, el representante estatal se comprometió a enviar en breve un nuevo borrador adaptado al escenario abierto tras la aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga) y la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló su legitimidad de cara a ultimar el traspaso efectivo de las funciones, servicios y medios de gestión del litoral.
Las responsables autonómicas insistieron en que la Comisión Mixta de Transferencias se celebre el antes posible así como en la urgencia de concretar y cuantificar este traspaso porque es un paso fundamental para poder seguir con el desarrollo de la ley gallega. De hecho, en cuanto reciba el traspaso formal de los medios necesarios para asumir directamente todas sus competencias en este ámbito, la Xunta tiene el compromiso de comenzar a trabajar de inmediato en la emisión de los primeros informes y títulos relacionados con la gestión del litoral.
Comisión interdepartamental y Foro del litoral
De hecho, la Xunta ya viene trabajando en esta materia. Así, después de constituir el pasado mes de octubre la Comisión interdepartamental de coordinación, que permitirá trabajar de manera transversal en la gestión del litoral, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo una serie de contactos con agentes y organizaciones vinculadas con la costa para avanzar en la creación del Foro del litoral. En este sentido, hace falta subrayar que, según recoge la propia ley, será el máximo órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en materia de ordenación del litoral.
Galicia se convirtió con la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral en la primera comunidad española en regular a través de una normativa propia e integral la franja costera en toda su extensión. La Xunta está dando los pasos necesarios para el desarrollo de una norma que permitirá gestionar los 2.500 kilómetros de costa de la comunidad y 1,6 millones de hectáreas terrestres y marítimas.