Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2024

La Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) acogió, esta mañana, el webinario El reparto de riesgos en la ejecución de los contratos de las Administraciones públicas y demás entidades del sector público. Esta acción formativa se encuadra en el Ciclo de conferencias Cuestiones de actualidad en el ámbito de la Administración pública, de su organización y de su funcionamiento.

La directora de la Escuela, Sonia Rodríguez-Campos, clausuró la sesión impartida por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Germán Fernández Farreres, y en él participaron cerca de ochenta empleados públicos a través de la modalidad de telepresencia.

En el webinario, de dos horas de duración, se analizó la vigente regulación de la distribución de riesgos en la ejecución de los contratos administrativos y demás contratos públicos sujetos a la vigente Ley de contratos del sector público de 2017. También se profundizó, de manera destacada, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en aplicación de esta normativa, fue sucediendo a lo largo de más de cincuenta años.

Durante el webinario, el catedrático señaló que "es necesario reflexionar sobre las deficiencias de la regulación vigente y la conveniencia de dar paso la una normativa más rigurosa y precisa de las posibles excepciones al tradicional principio de riesgo y ventura del contratista. Con esto, se dotaría al sistema de mayores garantías, estabilidad y seguridad jurídica", apuntó.

El profesor indicó que la vigente regulación legal de los riesgos en la ejecución de los contratos administrativos necesita de una amplia reforma "ya que resulta insuficiente y presenta algunas deficiencias".

En su exposición, manifestó que la necesidad de una reforma viene reiterándose a lo largo del tiempo, pero las sucesivas leyes de contratos de 2007 y 2017 no prestaron la atención que objetivamente reclama y se limitaron a reproducir, con ligeros cambios, las mismas reglas y mantener los mismos defectos e insuficiencias de la actual reglamentación.

Para concluir, Germán Fernández Farreres apuntó que la reforma de la actual normativa "facilitaría la superación de una jurisprudencia que apela a principios generales (buena fe, la equidad, la continuidad del servicio, el enriquecimiento injusto, etc.) para determinar a quién debe imputarse el riesgo a la hora de resolver las controversias entre las partes contratantes y que, cuando se materializa, provoca una mayor onerosidad en el cumplimiento de los contratos públicos".