Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2024

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el director de Justicia, José Tronchoni, firmó esta semana con el presidente del Consejo de la Abogacía Gallega, Francisco Rabuñal, la renovación del convenio para compensar económicamente los letrados designados en virtud de requerimiento judicial cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho de asistencia gratuita. A través del acuerdo, la Xunta abonará hasta 200.000 euros para darle cobertura a los gastos justificados según el convenio. 

El objetivo es compensar las asistencias letradas realizadas por abogados en Galicia por requerimiento judicial en un procedimiento penitenciario cuando los defendidos, sean personas físicas o jurídicas, reúnan ciertos requisitos. Entre estos figuran haber denegado el derecho de asistencia jurídica gratuita por diferentes causas, desde defectos de forma en la solicitud -falta de firma del interesado o por no acercar la documentación requerida por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita- hasta carecer de recursos o de patrimonio para hacer frente a los costes.

Este convenio se suma a los acuerdos para compensar a los colegios de abogacía y de procuraduría por las actuaciones de sus colegiados en la prestación de este servicio. Se trata así de ampliar el ámbito subjetivo de la ley de asistencia jurídica gratuita, recogiendo conceptos que actualmente no están incluidos. Además, como novedad, se reduce la tramitación en el pagado evitando la reclamación judicial o extrajudicial en los casos en los que la persona beneficiaria es aparentemente insolvente y sustituyéndola por una declaración responsable del profesional designado.

Otra de las novedades es la inclusión nos pagados del concepto de solicitud de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable a una persona con discapacidad, con independencia de su capacidad económica. El convenio le da, por tanto, respuesta a varias de las demandas del turno de oficio y amplía las mejoras introducidas en el acuerdo entre la Xunta y el Consejo de la Abogacía Gallega para la aclaración e inclusión de nuevos conceptos del baremo aprobado en 2021.

Pese a tener limitada la competencia autonómica, el Gobierno gallego financia la asistencia jurídica gratuita en favor de personas sin recursos suficientes mediante compensaciones a través de los colegios profesionales y reserva para este fin más de 15 millones de euros en los presupuestos de 2025, un 8,6% más y con nuevos conceptos tras la actualización de los baremos durante las negociaciones con estos colectivos. Así, Galicia se sitúa en los primeros puestos a nivel estatal en la compensación a estos profesionales y en el último acuerdo y por mayor número de conceptos y agilización en la tramitación en la indemnización.