Madrid, 28 de enero de 2025

La Xunta le exige una vez más al Gobierno central la convocatoria urgente de la conferencia sectorial de transportes para abordar con los representantes de las comunidades en materia de transporte los servicios de transporte de competencia estatal que les afectan y que precisan de "planificación, consenso y colaboración con las autonomías", como es el caso del mapa concesional de transporte por carretera, de los continuos incidentes de los servicios ferroviarios o anuncios de medidas como el abono único o las bonificaciones estatales. Así lo expuso hoy la directora general de Movilidad, Judit Fontela, junto con homólogos de otras comunidades, durante la celebración de la Comisión de directores generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En el encuentro también señaló que en el caso de Galicia, la Administración autonómica sigue pendiente de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible designe el interlocutor de Renfe comprometido hace más de medio año.

Hace falta recordar que la conferencia sectorial que exigen las comunidades no se convoca desde julio de 2022 pese la que el reglamento establece que debe convocarse por lo menos una vez cada seis meses.

Mapa concesional de autobús

Uno de los asuntos que la Xunta demanda tratar en la conferencia sectorial es el mapa concesional de transporte por carretera. El Gobierno gallego denuncia que esta medida se quiere imponer de manera precipitada, sin información ni consenso con las comunidades.

Desde Galicia se insiste en el rechazo a esta medida propuesta por el Gobierno central, que deja aislados más de una veintena ayuntamientos que suman 130.000 habitantes con la eliminación de casi un ciento de servicios, con varias localidades sin parada y obligando a hacer trasbordos. La Xunta lamenta además que se hagan los cambios por imposición, sin escuchar las comunidades y sin atender a las particularidades de cada territorio. En el caso de Galicia, se pide que se tengan en cuenta sus características geográficas y de población, y que se garanticen las conexiones en el rural.

Bonificaciones estatales

En lo que se refiere a las bonificaciones estatales que el Gobierno central pretendía implantar este año, la Xunta denuncia también "falta de transparencia y rigor". De hecho, en el actual contexto, el Gobierno gallego ya anunció que este mes de enero mantendrá la bonificación del 50% en el transporte interurbano, de las áreas metropolitanas o de ría y, desde febrero, estaría garantizada durante 2025 la bonificación del 20% que le corresponde al Gobierno gallego, independientemente de la decisión que adopte el Gobierno de España. No obstante, la Xunta pidió también al Ejecutivo central que en estos días aporte certezas a las personas usuarias del transporte público y no las utilice dentro de sus batallas partidistas.

En esta línea, hace falta señalar que, para garantizar unos precios competitivos en el transporte público, Galicia mantiene otros descuentos autonómicos: una reducción del 20% del precio del billete que complementa el 30% estatal, el descuento del 10% sobre la tarifa en efectivo, descuentos adicionales del 15% para usuarios recurrentes y de hasta el 50% para familias numerosas y con trasbordos gratuitos dentro de las áreas de transporte metropolitano. A estas ventajas se añaden hasta 60 viajes gratuitos al mes para menores de 21 años con la Tarxeta Xente Nova y para mayores de 65 con la tarifa +65.

Abono único

Por otra parte, en el que se refiere al abono único anunciado por el Ministerio, la directora general trasladó en la reunión de hoy que la Xunta desconoce la información para evaluar su alcance y los servicios incluidos. Por ejemplo, si en Galicia tiene en cuenta los viajes dentro de la comunidad y los desplazamientos locales. Por eso, también en este caso, el Gobierno gallego exige que se dialogue esta medida con las comunidades, sobre todo, toda vez que para tener un impacto real el abono debe integrar el transporte público de competencia autonómica y municipal. Además, recuerda que este tipo de medidas deben venir acompañadas de la inversión estatal necesaria para su ejecución.