Santiago de Compostela, 6 de febrero 2025

El secretario general Técnico y del Tesoro, David Cabañó, destacó hoy en el Parlamento que la condonación de la deuda de las comunidades sería "un mal negocio para Galicia", al incrementar en 470 euros la deuda por habitante.

En respuesta a una pregunta oral, David Cabañó incidió en que la condonación es una redistribución de la deuda, es decir, no desaparece, sino que se redistribuye entre todos los españoles, perjudicando a las comunidades menos endeudadas. Así, en el caso de Galicia, cada gallego dejaría de asumir 896 euros de deuda gallega y pasaría a tener que asumir 1.366 euros de deuda del conjunto de las CC.AA.

Asimismo, recordó que la condonación tampoco daría a las comunidades una mayor capacidad de gasto, al no permitir utilizar el importe para incrementar políticas de gasto. "Es decir, no es cierto que se pueda dedicar el importe de la quita a sanidad, a educación o a dependencia. Únicamente se dejaría de pagar una cantidad de intereses que tendría que pagar el Estado y que, por lo tanto, tendría que detraer de otras políticas de gasto en los presupuestos de cada año", explicó, haciendo hincapié en que solo las comunidades más endeudadas saldrían beneficiadas.

Ante este panorama, el secretario general Técnico y del Tesoro afirmó que lo prioritario para Galicia es negociar un modelo de financiación que tenga en cuenta aquellas variables que determinan que el coste de prestar los servicios en Galicia es superior que en otros territorios. "La diferencia de la condonación de la deuda, la mejora del sistema de financiación sí nos permite tener una mayor capacidad de gasto y sí nos permite mejorar la prestación de los servicios", incidió.

En esta línea, concluyó recordando que el Acuerdo adoptado en el Parlamento de Galicia en 2023 no pone nada de que se esté a favor de una quita de deuda, sino que "pone el foco en lo importante", en que se aborde la reforma ponderando el coste que supone la dispersión y el envejecimiento, en un modelo justo de financiación de la Administración Local y que se trate a todas las comunidades por igual, sin que se produzcan agravios.