La Xunta aborda con los profesionales de la fiscalía a aplicación en Galicia de la Ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia
Se estudiará la creación de una subcomisión con dos representantes de la Xunta y otros dos de la Fiscalía Superior de Galicia para evaluar la implantación de la normativa estatal en la comunidad
La medida tendría que aplicarse antes de 1 de julio en 38 de los 45 partidos judiciales, excepto nos de las ciudades, que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre
Santiago de Compostela, 18 de febrero de 2025
El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, presidieron esta mañana a Comisión Mixta de Coordinación entre el Ministerio Fiscal y la Xunta en la que se abordó la implantación de la nueva oficina judicial en Galicia, en el marco de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia aprobada por el Gobierno central el pasado enero.
En esta línea, se evaluó el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo en Galicia que, entre otras adaptaciones, supondrá actualizar los modelos de referencia de las oficinas judiciales, su reglamento y protocolos locales de actuación, elaborar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo en consenso con las organizaciones sindicales, además de la asignación de personal a los puestos de trabajo correspondientes a la nueva organización, la adecuación de las instalaciones y la dotación de aplicaciones informáticas, el acondicionamiento de los archivos físicos y virtuales de expedientes y la ejecución de planes de comunicación e información a las partes interesadas.
La Xunta ya está trabajando para desarrollar la oficina judicial como se expuso en la reunión de hoy con el objetivo de cumplir con el que se demanda en la ley. Así, los juzgados unipersonales cambian de nombre y pasan a llamarse tribunales de instancia y los juzgados de paz serán oficinas de justicia. En este último caso se modifica también su estructura, ya que las oficinas judiciales colaboran con los tribunales de instancia del partido judicial a lo que pertenecen.
La medida tendría que aplicarse antes de 1 de julio en 38 de los 45 partidos judiciales, excepto en los de las ciudades y capitales que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre. En la reunión se recordó que la Xunta está pendiente de que el Gobierno central clarifique las funciones que puedan asumir las oficinas de justicia y de que se aprueben los modelos de referencia actualizados que sirven de base para aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las oficinas de justicia en los municipios. Así, durante la reunión se señaló la posibilidad de crear una subcomisión integrada por dos representantes de la Xunta y otros dos de la Fiscalía Superior de Galicia con el objetivo de evaluar la implantación de la nueva oficina judicial en la comunidad.
En el encuentro de hoy también participaron, por parte de la Xunta, el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), Julián Cervino, y el director general de Justicia, José Tronchoni junto con otros representantes de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. Por parte de la Fiscalía, asistieron la fiscal jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo; el fiscal adscrito a la Unidad de Apoyo, Raúl Martínez; y los fiscales jefes provinciales de las cuatro provincias gallegas.
Además de la implantación de la normativa estatal, también se trataron otros asuntos relacionados con la dotación de medios tecnológicos o la posibilidad de expurgo en algunas fiscalías, medidas de refuerzo de personal para atender determinados servicios o la creación de plazas. En lo que se refiere a esto último, hace falta aclarar que los funcionarios de justicia destinados a los juzgados de paz que ahora serán oficinas de justicia del municipio van a desarrollar tareas de tramitación procesal en los tribunales de instancia de la cabecera de partido.
Por otra parte, en el que se refiere a los protocolos de actuación en traslados e ingresos no voluntarios y urgentes de personas con enfermedad o trastorno mental, el conselleiro recordó que la Xunta cuenta con un grupo de trabajo que, por parte del Gobierno gallego, integra representantes de las consellerías de Presidencia, Justicia y Deportes -tanto de la Dirección General de Justicia como del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)-, Política Social e Igualdad y Sanidad -del Servicio Gallego de Salud (Sergas) y de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061-. Por parte del organismo fiscal, participa en este grupo el fiscal delegado de discapacidad para Galicia. El grupo se encuentra en fase de trabajo con el objetivo de crear un informe homogéneo entre todas estas entidades que contribuya a agilizar los ingresos no voluntarios.