Vigo, 27 de febrero de 2025

El director general de Justicia, José Tronchoni, participó hoy en las Jornadas sobre la Ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, organizada por los colegios de la Abogacía y de Procuradores de Vigo, donde ahondó en los cambios organizativos que supone esta nueva norma aprobada por el Gobierno central el pasado enero.

Así, según señaló, entre otras adaptaciones, la ley supondrá actualizar los modelos de referencia de las oficinas judiciales, su reglamento y protocolos locales de actuación, elaborar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo en consenso con las organizaciones sindicales, además de la asignación de personal a los puestos de trabajo correspondientes a la nueva organización, la adecuación de las instalaciones y la dotación de aplicaciones informáticas, el acondicionamiento de los archivos físicos y virtuales de expedientes y la ejecución de planes de comunicación e información a las partes interesadas.

La Xunta ya está trabajando para desarrollar la oficina judicial con el objetivo de cumplir con el que se demanda en la ley. De este modo, los juzgados unipersonales cambian de nombre y pasan a llamarse tribunales de instancia. Asimismo, José Tronchoni, garantizó la permanencia de los 268 juzgados de paz en Galicia, que pasan a denominarse oficinas de justicia del municipio, tan importantes por la características propias de la Comunidad por el gran peso de la dispersión rural y la necesidad de aproximar la Administración a la ciudadanía. Incidió también en el compromiso del Gobierno gallego de dotarlos de los medios electrónicos adecuados para cumplir con las nuevas funcionalidades que la ley les atribuye. Además, se modifica su estructura, ya que las oficinas judiciales colaboran con los tribunales de instancia del partido judicial al que pertenecen.

La medida tendría que aplicarse antes del 1 de julio en 38 de los 45 partidos judiciales, excepto en los de las ciudades y capitales que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre. En este sentido, hace falta recordar que la Xunta está pendiente de que el Gobierno central clarifique las funciones que puedan asumir las oficinas de justicia y de que se aprueben los modelos de referencia actualizados que sirven de base para aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las oficinas de justicia en los municipios.