Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2025

La Xunta reprochó esta mañana las políticas adoptadas en los últimos años por el Gobierno central en materia de residuos municipales y, en particular, su rechazo a la reciente decisión de Galicia de asumir este año parte de la actualización del canon de Sogama derivada de los nuevos impuestos estatales y de la retirada de incentivos a la planta de Cerceda.

Así lo advirtió hoy en rueda de prensa a conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que como muestra de la necesidad de apoyar a las entidades locales, anunció que un total de 280 ayuntamientos (es decir, el 95% de los adheridos al modelo Sogama) solicitaron acogerse a la tarifa reducida ofrecida por la Xunta para aliviar parte del impacto que supondrá para sus arcas a revisión del canon para este 2025. "Esto demuestra su compromiso con la gestión de los residuos y la eficacia de la medida", añadió.

Tal y como explicó la responsable autonómica, a finales del mes de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico envió a la Consellería un documento denominado Caso de estudio Sogama para analizar la aplicación que se está haciendo en Galicia del nuevo impuesto sobre el vertido y la incineración.

Tras advertir de que los servicios jurídicos de la Consellería analizarán con detalle el alcance y posibles repercusiones de este estudio, Ángeles Vázquez lamentó que el Estado ignore las dificultades que están pasando muchas administraciones locales y defienda cómo única opción que se repercuta sobre ellas el 100% de los nuevos impuestos estatales de residuos con el argumento de que asumirlos en parte por la Xunta "contraviene el efecto" con el que fueron concebidos y de que "no claro está que esta vía sea la más efectiva".

Por eso y con el fin de darles voz a los principales afectados, la Xunta decidió informar por carta al 295 ayuntamientos adheridos a Sogama de la oposición del Gobierno central a las medidas adoptadas por la Xunta con relación al canon de 2025 y que permitirán que los municipios que acrediten una reducción de los desechos o un incremento del reciclaje paguen 83 euros por cada tonelada de basura enviada a Cerceda en lugar de los 108 €/Tn de la tarifa oficial.

A raíz de esta consulta, la conselleira explicó que en el último mes se recibieron decenas de respuestas por parte de los ayuntamientos en las que mostraban mayoritariamente su apoyo a la decisión de aliviar en un 60% el incremento del canon derivado de los nuevos deberes impositivos, porcentaje que será asumida directamente por la Xunta.

Frente a la "persecución" del Gobierno central a Galicia y tras avanzar que la Consellería seguirá defendiendo los sistemas de gestión de residuos "que funcionan ante España y Europa", Ángeles Vázquez indicó que trasladará los alegatos de los ayuntamientos gallegos al Ministerio para que conozca de primera mano su opinión y la voluntad manifiesta de contribuir a mejorar las cifras de reciclaje a cambio de recibir el apoyo de la Xunta.

Amenaza de repercutir la sanción de la CE

La responsable autonómica denunció también el intento del Gobierno central de repercutir a las comunidades el expediente sancionador abierto por la Comisión Europea contra España por incumplimientos en materia de residuos.

Concretamente y para incidir una vez más en esa "persecución" a Galicia, recordó que el 30 de enero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le remitió una carta mostrando su preocupación por los datos gallegos en materia de residuos, a los que responsabiliza de que a nivel nacional se estén desviando de los objetivos europeos.

Tras incidir en que en esta misma carta advierte a Galicia de que tendrá que asumir el 13% de la sanción que imponga Europa basándose en datos "tergiversados" sobre la gestión de la basura doméstica que se hace en la Comunidad, Ángeles Vázquez recordó que "Galicia tiene el 5,6% de la población española y en ningún caso se va a hacer cargo de esa sanción" ya que con los datos en la mano "ocupa la sexta posición" nacional en cuanto a residuos depositados en escombrera y "la novena" en cumplimiento de objetivos de reciclaje. "Lejos de dar soluciones, lamentablemente el Gobierno central solo piensa en sanciones", aseguró.

En todo caso, Ángeles Vázquez reconoció también que "hay margen" para seguir mejorando la posición de Galicia en materia de residuos y avanzar hacia el objetivo comunitario de conseguir una tasa de reciclaje del 50%. 

En este sentido, se refirió a la convivencia en la Comunidad gallega de tres modelos de gestión de residuos con resultados desiguales. A modo de ejemplo, explicó que en el caso de Nostián el porcentaje de residuos a escombrera (el último lo eres y el menos recomendable en la jerarquía de residuos) es del 50%, en el modelo gestionado por la Mancomunidad Serra del de la Barbanza se eleva al 61% y en el caso de Sogama se reduce hasta el 22%.

Apoyo a los modelos que cumplen y nueva metodología

La conselleira explicó que para cumplir con los objetivos que marca la directiva europea en materia de residuos hay que seguir trabajando y avanzando, lo que pasa necesariamente "por defender los sistemas de gestión que cumplen" y por ayudar a que aquellos que actualmente no cumplen, como es el caso de los modelos húmedo-seco, incorporen la recogida separada de las distintas fracciones, motivo por lo que la Consellería se dirigió por carta recientemente a los responsables de Nostián y de Barbanza para instarlos a adoptar de inmediato medidas efectivas para revertir sus actuales datos de residuos.

Al respecto, lamentó que a día de hoy y a pesar de las numerosas advertencias, A Coruña sea "la única gran ciudad española que no separa aún envases y briks", un deber vigente desde el 1 de enero de 2024 y que justifica el expediente sancionador abierto por la Xunta la semana pasada contra el ayuntamiento. "Es imposible que los coruñeses puedan reciclar si no les pones en la calle contenedores para depositarlos", incidió.

Por último y como medida complementaria para seguir mejorando la ¡ratio de reciclaje de residuos de Galicia, Ángeles Vázquez avanzó que su departamento trabaja en una actualización y mejora de la metodología aplicable para calcular las tasas de recuperación de las distintas fracciones de residuos y, particularmente, de los biorresiduos. 

Así, explicó que en los últimos años la Xunta repartió alrededor de 33.500 composteros de residuos orgánicos por toda la Comunidad pero no se sabe cuanto material se deposita en ellos, por lo que la nueva metodología permitirá cuantificar la materia orgánica recuperada y que se convierte en compost que acaba siendo reutilizado.