Ourense, 11 de abril de 2025

La Xunta modificó la normativa que regula la actividad cinegética anual en Galicia y vuelve a aplicar el Plan de gestión del lobo que estuvo vigente hasta septiembre de 2021 una vez que entró en vigor la ley estatal por la que las poblaciones al norte del río Duero salen del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). Así lo anunció hoy la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en rueda de prensa, donde indicó que la resolución con los correspondientes cambios salió publicada hoy mismo en el Diario Oficial de Galicia.

La responsable autonómica remarcó que en Galicia la caza del lobo va a seguir estando prohibida, con carácter general, pero los cambios introducidos en la resolución por la que se determinan las épocas hábiles para practicar la actividad cinegética en la temporada 2024-2025 suponen incluirlo en la relación de especies sobre las que se pueden adoptar medidas de control frente a los daños recurrentes sobre la ganadería con la debida justificación.

De este modo, pasan a ser autorizables acciones como las esperas, batidas o monterías durante todo el año salvo en abril, mayo y junio -en los que solo estarán permitidas las esperas- siempre que se justifiquen convenientemente esos daños recurrentes a las explotaciones ganaderas que pongan en riesgo su viabilidad. No obstante, esas medidas llevarán aparejado además un riguroso seguimiento y control por parte de la Administración gallega con el fin de garantizar la preservación de las poblaciones del lobo.

En este sentido, remarcó la conselleira, se va a hacer un seguimiento exhaustivo de los expedientes a la hora de comprobar que efectivamente se producen daños recurrentes en el ganado de una determinada zona. Para eso se realizará un análisis espacial y temporal de los perjuicios sufridos -tiene que ser en un espacio corto de tiempo y en un área muy reducido- al tiempo que se comprobará tanto si en las explotaciones ganaderas afectadas existen medidas preventivas para evitar los ataques como su eficacia.

Esta modificación normativa, destacó Ángeles Vázquez, supone volver a la situación previa a septiembre de 2021 -fecha en la que el Gobierno central decidió de forma unilateral y arbitraria, sin aval científico, incluir las poblaciones al norte del río Duero en el Lesrpe, impidiendo la adopción de medidas de control- con una gestión que busca garantizar la viabilidad del lobo en el territorio -manteniendo una población estable- y la compatibilidad con el desarrollo de la ganadería extensiva y con la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas, que sufrieron importantes daños y situaciones límite en los últimos años a consecuencia de la imposibilidad de adoptar medidas de control.

En este sentido, la conselleira lamentó que el Gobierno central desoyera durante más de tres años las peticiones de las comunidades loberas españolas para que se retirara del Lesrpe el lobo al norte del río Duero y que tuviera que ser el Congreso de los Diputados quien corrigiera su error. Un escenario ilógico que se mantuvo además a pesar de que la Comisión Europea y el Convenio de Berna se mostraron favorables a rebajar la protección de la especie al entender que se encuentra en un buen estado de conservación.

Problemas con los fondos

En ese tiempo además el Ejecutivo central puso trabas a la aplicación de medidas como las ayudas para prevenir y compensar los daños causados por el lobo, pues llegó a deber a Galicia las transferencias de tres años (12 millones de euros). Finalmente en 2024 transfirió los de ese año (4 millones de euros) y el resto están pendientes pues en 2022 el reparto fue injusto con Galicia -fue la única comunidad que no apoyó la estrategia nacional para la gestión y conservación de la especie-, por lo que la Xunta interpuso un recurso contencioso-administrativo que aún no se resolvió, y en el año 2023 no se llegó a hacer esa distribución de los fondos entre las comunidades autónomas por problemas internos del Gobierno central.

La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, que estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, subrayó además que la situación que se da ahora con el lobo es la más lógica y la que nunca se debió abandonar pues el estado de conservación de sus poblaciones es favorable al norte del río Duero. En este sentido, recordó que los últimos datos disponibles en Galicia muestran que en la comunidad el número de manadas aumentó un 37% en los últimos veinte años -de 68 a 93- y que la especie está presente de forma generalizada en todo el territorio al cubrir más del 91% de la superficie sin contar las grandes ciudades y el Baixo Miño.

Ángeles Vázquez destacó que ese buen estado y la imposibilidad de adoptar medidas de control sobre la especie fueron las que contribuyeron la que solo desde la inclusión del lobo en el Lesrpe, en 2021, los avisos por daños en Galicia aumentaran un 77% y el número de reses afectadas se incrementara un 57%. Esto supone un promedio de 10 animales atacados al día, lo que dificulta la rentabilidad económica de muchas explotaciones.

Esta situación provocó además que la Xunta tuviera que hacer un mayor esfuerzo presupuestario tanto en ayudas para paliar los daños causados por el lobo como en la adopción de medidas de prevención como la contratación de pastores, el uso de perros pastores, la instalación de vallados o pastores eléctricos. Solo desde 2016 el Ejecutivo gallego concedió más de 8 millones de euros entre aportaciones para indemnizar a los ganaderos por los daños y para poner en marcha acciones con las que minimizar el impacto de la especie en la cabaña ganadera.