Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2025

Galicia y Euskadi pusieron en valor la gestión autonómica del litoral e intercambian ideas para compatibilizar la protección ambiental y el desarrollo de la costa durante una reunión telemática celebrada con motivo del procedimiento para el traspaso de funciones y servicios en este ámbito por parte del Ejecutivo central a ambas administraciones autonómicas.

En concreto, la secretaria general Técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, y la directora general de Energías Renovables y Cambio Climático, Paula Uría, se reunieron, por videoconferencia, con la directora de Autogobierno del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno de Euskadi, Begoña Pérez de Eulate, para intercambiar experiencias e ideas de cara a optimizar la gestión del litoral.

En ese sentido, Bouso y Uría trasladaron a Pérez de Eulate que Galicia está ya desarrollando la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral que tiene como objetivo abordar la regulación de la costa y de los usos que se desarrollan en ella desde una triple perspectiva –ambiental, social y económica–.

De hecho, en el marco de esa norma autonómica, la Xunta, puso ya en marcha órganos de coordinación, como la Comisión Interdepartamental en la que están presentes los órganos administrativos autonómicos con competencias en la costa. Y, además, está trabajando en otras iniciativas el desarrollo de un nuevo Catálogo del patrimonio cultural del litoral o el diseño de una gran senda peatonal desde Ribadeo hasta Tui.

A mayores, en la reunión también abordaron los procedimientos diseñados para llevar a cabo a gestión del litoral al hacerse efectivo el traspaso de medios, servicios y funciones, que en el caso de Galicia, será el próximo 1 de julio. En esa línea, la Xunta ha previsto regular un nuevo procedimiento integrado y único para todas las autorizaciones administrativas y los títulos habilitantes del litoral, así como modificar decreto que regula las autorizaciones en la zona de servidumbre de protección con el fin de adaptarlo al contenido de la Loxilga.

En el ámbito administrativo, cuando se haga efectivo el traspaso de medios, servicios y funciones el próximo 1 de julio, el Gobierno central transferirá a la Xunta 36 puestos de trabajo y 11 vehículos, así como 687.332,90 euros en pago único y otros 1.219.005 euros a través del Fondo de Suficiencia.