La Xunta les acerca a los ayuntamientos las novedades de la ley de eficiencia de la justicia para el ámbito local
El director xeral de Xustiza participó en una jornada impulsada por la Fegamp para informar de las oficinas de justicia en los municipios
El objetivo es situar la ciudadanía en el centro de los servicios de la Administración de Justicia, con una atención más próxima, segura y accesible
Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2025
El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, participó hoy en la Jornada Informativa sobre las principales novedades de la entrada en vigor de la ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, impulsada por la Federación Gallega de Municipios y Provincias para abordar las características de las nuevas oficinas de justicia en los municipios. Tal y como establece la norma, estas unidades estarán en funcionamiento el 1 de julio en 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia, ya que para las oficinas ubicadas en las siete ciudades gallegas la fase de implantación finaliza el 31 de diciembre.
En su intervención, José Tronchoni destacó la importancia de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, ya que con ellas los actuales juzgados de paz evolucionan para facilitar una mayor cercanía a la ciudadanía y permiten disponer de servicios en todo el territorio, especialmente en el rural para evitar la despoblación. "Estas oficinas asumen la asistencia a juez de paz y colaboran con el Registro Civil, además de realizar otras funciones administrativas para acercar los servicios públicos al vecindario del propio ayuntamiento y del área de influencia", apuntó.
El director general incidió en que estos espacios, configurados como la puerta de acceso a la Administración de Justicia, son los que registran más novedades con la reforma, ya que, además de mantener los actuales servicios, amplían el catálogo de gestiones en los ayuntamientos con menos población y con una atención más próxima. Así, con el objetivo de evitar que las personas residentes en estos municipios tengan que desplazarse para realizar gestiones presenciales, se dotarán de los medios tecnológicos necesarios para intervenir la distancia en los actos procesales.
De este modo, se busca situar la ciudadanía en el centro del servicio, aprovechando la situación de proximidad de estas oficinas e impulsando la confianza, la seguridad y la accesibilidad, al tiempo que se refuerza la conexión con otras administraciones.
Cerca de 270 oficinas en Galicia
Segundo señaló José Tronchoni, cada municipio donde no tenga su sede un tribunal de instancia existirá una oficina de justicia, que prestará servicios en la localidad donde se encuentre ubicada. En Galicia suman 268 oficinas, que tienen como prioridad prestar un servicio a la Administración de Justicia y amplían también su actividad al resto de las administraciones públicas.
En lo que se refiere a los medios materiales, avanzó que la Xunta les pedirá a los ayuntamientos información sobre sus necesidades para dotar estas oficinas de los recursos precisos, a mayores de los que ya dispusieran como juzgados de paz, de cara a la implantación progresiva de las nuevas funciones. Las administraciones locales deberán disponer de un espacio acondicionado y en el que se garantice la conectividad, la seguridad y la privacidad precisas para las diferentes gestiones.
A mayores, Tronchoni se refirió al especial esfuerzo que supone para la comunidad a implantación de esta reforma, realizada siguiendo el modelo de referencia aprobado en Conferencia Sectorial de Justicia, por el elevado número de partidos judiciales, la dispersión territorial y la diferente tipología. Con todo, incidió en que la Xunta está ejecutando los pasos para garantizar el cumplimiento de los plazos y ya a comienzos de este mes publicó en el Diario Oficial de Galicia las distintas resoluciones por las que se aprueban el diseño y estructura organizativo de las oficinas judiciales y las relaciones de puestos de trabajo de los registros civiles, de las oficinas de justicia y de las oficinas de justicia en los municipios.