La Xunta solicita la convocatoria urgente de la conferencia sectorial de turismo ante la inminente entrada en vigor del registro único de arrendamientos
Turismo de Galicia hace un llamamiento a la necesaria coordinación y colaboración de las Administraciones con competencias en materia de turismo
Insta al Ministerio de Industria y Turismo a que lidere la aplicación de la norma aclarando la incertidumbre que se deriva de su aplicación a partir de 1 de julio
Santiago de Compostela, 24 de junio de 2025
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, viene de dirigirse al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para demandar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo con motivo de la incertidumbre y la inseguridad jurídica generada alrededor del real decreto que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.
En una carta enviada hoy, Xosé Merelles le traslada la situación de dudas, desorganización y falta de concreción de información ajustada a la realidad autonómica, derivadas de las recientes reuniones mantenidas con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que no consiguieron proporcionar información clara y precisa y seguridad jurídica para que las comunidades y los ciudadanos puedan aplicar el real decreto.
En este sentido, el director de Turismo de Galicia hace un llamamiento a la "necesaria coherencia, coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo" en base al techo competencial de las distintas administraciones.
Así, solicita entre otras necesidades, que el Ministerio de Industria y Turismo lidere la aplicación de este real decreto aclarando todas las dudas y medidas a adoptar que afectan directamente a las comunidades autónomas con competencias exclusivas en turismo y al sector.
Entre los incidentes que se prevén en su puesta en marcha están duplicidades administrativas, inseguridad jurídica y una intervención estatal innecesaria, cuestionada por el propio Consejo de Estados y la Unión Europea.