Santiago de Compostela, 2 de julio de 2025

El director general de Xustiza, José Tronchoni, intervino hoy en el Parlamento para abordar las principales novedades de la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ya desde el 1 de julio estableció las nuevas oficinas judiciales en 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia.

La primera fase de implantación de la normativa comienza en los juzgados de paz, que pasan a denominarse Oficinas de Justicia del Municipio y, segundo señaló el director general, evolucionan nos sus servicios para evitar en la medida del posible los desplazamientos, logrando una atención más próxima a la ciudadanía y permitiendo disponer de trámites en las zonas rurales que hasta ahora solo se podían realizar en las ciudades. De este modo, desde la Xunta se estuvieron manteniendo contactos con las diferentes entidades locales para conocer los materiales e instalaciones disponibles y adecuar los espacios y los medios tecnológicos a la prestación de estas nuevas gestiones, con una inversión de alrededor de los tres millones de euros.

La nueva Ley también afecta a la infraestructura de la Xunta en materia de Justicia como los Medios adecuados de solución de controversias en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y también en la mediación intrajudicial. Además, se intentará cubrir las plazas en todas las renovadas oficinas de justicia y se adaptará la regulación de las agrupaciones de las secretarías de las ahora Oficinas de Justicia del Municipio a la nueva realizada.

Nuevas plazas judiciales

Por otra parte, el director general abordó también en el Parlamento la creación de cuatro puestos en materia de violencia de género, una medida demandada desde hace años por el Gobierno gallego y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de la Comisión Mixta de Justicia. Tal y como explicó José Tronchoni, se solicitaba la creación de juzgados de violencia sobre la mujer de manera exclusiva en las ciudades, empezando por Santiago de Compostela y posteriormente Ourense y el resto de las ciudades.

En Santiago de Compostela y Ourense estos nuevos puestos estarán comarcalizados lo que, según el director general, supone el desplazamiento de la víctima a la capital. Para paliar esta circunstancia, José Tronchoni adelantó que el Gobierno gallego se hará cargo del traslado de las víctimas y de todas las personas que tengan que declarar. El director destacó los beneficios a la hora de presentar, tramitar y gestionar cada denuncia, ya que estos nuevos puestos permiten una especialización en esta materia y una mayor agilidad de los procedimientos. 

En cuanto a las otras dos plazas, en A Coruña y en Vigo, José Tronchoni insistió en que el Gobierno gallego espera que no sean la costa de puestos en los juzgados de instrucción lo que incrementaría a ya alta carga de trabajo en las oficinas judiciales, provocando un retraso en la resolución de los procesos. En esta línea, incidió en la demanda al Ministerio de Justicia de que se mantengan las plazas de Instrucción y se creen nuevas plazas.

Desde el Gobierno gallego, el director general de Justicia anunció que se reforzará el personal de estos cuatro nuevos juzgados de violencia contra la mujer con el objetivo de paliar el aumento en la carga de trabajo derivada de las nuevas funciones y también de las fiscalías.

Cambio del sistema procesal

A mayores, el director general de Xustiza ahondó en el cambio al sistema procesal Atenea que, según comunicó el Ministerio de Justicia al Gobierno gallego, además de adaptarse a las nuevas estructuras de la Administración de Justicia tiene entre las principales novedades a capacidad de ser soporte a los esquemas de tramitación y documentación jurídica en gallego y castellano, la diferencia de su predecesor Minerva. 

Según explicó José Tronchoni, durante años se estuvo trabajando en los modelos de resoluciones procesales mediante traducciones al gallego, pero no llegó a integrarse en el sistema. Por eso, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia y la Consellería de Cultura a través de la Secretaría General de la Lengua siguen trabajando de forma intensa para que el Ministerio garantice desde el momento de la implantación la opción de trabajar en ambas lenguas, promoviendo de forma efectiva el uso del gallego en el ámbito judicial.