Carballo (A Coruña), 29 de julio de 2025

El director general de Justicia, José Tronchoni, abordó con el personal de la Administración de Justicia en Carballo la implantación de la nueva oficina judicial en el marco de la Ley estatal de Eficiencia del Servicio de Justicia. Tronchoni explicó que las oficinas judiciales deben coordinarse con las oficinas de justicia de los municipios para la adecuada práctica de los actos de comunicación y posibilitarán la intervención de residentes en el municipio por videoconferencia y los demás servicios encomendados a esas oficinas.

La estructura establecida para las oficinas judiciales incluye en todas ellas un servicio común de tramitación, que realizará todas las funciones requeridas en los procedimientos, y la posibilidad de contar también con un servicio común general, para labores centralizadas y transversales no encomendadas la otros servicios, y otro de ejecución, destinado a la ordenación de los procesos de ejecución. Todos ellos tendrán al frente un letrado de la Administración de Justicia y se podrán dividir en áreas y en equipos o grupos de trabajo con personal funcionario de los cuerpos de gestión y tramitación procesal, así como del de auxilio judicial en el caso de los servicios de tramitación y generales.

De este modo, se distinguen dos modelos de oficina judicial. Por una parte, la integrada exclusivamente por el servicio común de tramitación, que asumirá la totalidad de las funciones procesales y administrativas, y, por otra, la integrada por el servicio común general, lo de tramitación del tribunal de instancia y lo de ejecución. Este segundo modelo podría completarse con el servicio común de tramitación de la audiencia provincial y con el de tramitación del Tribunal Superior de Xustiza, dando lugar a diferentes variantes.

En cuanto a la fase de implantación, desde el 1 de julio ya están operativas en base a la normativa estatal en la provincia de A Coruña las de Arzúa, Betanzos, Carballo, Corcubión, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Ortigueira, Padrón y Ribeira. Para las oficinas judiciales del segundo modelo, situadas en las siete ciudades gallegas, la fase de implantación finaliza el 31 de diciembre.